El hombre acusado de violación, juzgado este lunes en la Audiencia Provincial, ha reconocido haber incumplido la orden de alejamiento que tenía sobre la víctima y haber acudido a su domicilio, pero ha defendido que las relaciones mantenidas fueron consentidas. Por su parte, la mujer ha insistido en que fue obligada. Ambos han coincidido en que no eran pareja sentimental, sino «amigos con derecho a roce» que habían mantenido relaciones esporádicas.
Seis meses antes de los hechos, que ocurrieron el primer fin de semana de diciembre de 2023, al acusado se le impuso una medida cautelar que le prohibía acercarse a la mujer, quien se había manifestado «acosada». A pesar de ello, acudió a su casa, ubicada en una zona aislada, lo que ha generado versiones contradictorias.
Según la víctima, el acusado apareció sin previo aviso y evitó que cerrara la puerta. Él, sin embargo, sostiene que días antes ella le había contactado por piezas de coche y que, aunque no habían concretado una cita, se presentó en su domicilio sobre las once de la noche. Ha admitido que sabía que estaba incumpliendo la orden, pero aseguró que acudió porque ella se lo pidió.
La mujer ha declarado que, tras dejarlo entrar para evitar una reacción agresiva, el acusado comenzó a insistirle para mantener relaciones y la obligó a practicarle una felación. Asegura que la violencia fue aumentando, que intentó resistirse y que incluso llegó a arañarlo y morderle. En su testimonio, afirmó que él le impidió acceder a las llaves y escondió su móvil para evitar que pidiera ayuda.
Por su parte, el acusado ha negado cualquier agresión y ha asegurado que la víctima le permitió entrar, le invitó a cenar y que pasaron la noche en el sofá. Al día siguiente, según su versión, se besaron y hubo tocamientos y una única relación sexual consentida. Ha reconocido que al despertar, ella cambió de actitud, le pidió que se marchara y, ante su enfado, golpeó la pared antes de irse.
La víctima denunció los hechos ese mismo día y el acusado fue detenido. Actualmente, se encuentra en prisión provisional en el penal de El Dueso (Santoña).
El fiscal solicita 15 años y dos meses de prisión por quebrantamiento de la orden de alejamiento, violación y lesiones en el marco de la violencia de género, además de ocho años de libertad vigilada y una indemnización de 12.245 euros. La acusación particular pide 12 años de prisión y 800 euros de indemnización, mientras que la defensa reclama su absolución por agresión sexual y lesiones, y propone sustituir la pena por quebrantamiento de condena por una multa.
En la fase de informes, la Fiscalía y la acusación particular han considerado que el testimonio de la víctima ha sido «coherente» y «creíble», mientras que la defensa sostiene que no supera los filtros para acreditar los hechos. El juicio queda visto para sentencia.
