El titular del Juzgado de Instrucción Nº1 de Torrelavega, Pablo Fernández de la Vega, ha levantado el secreto de sumario del ‘caso Santillana’ después de que la Guardia Civil haya asegurado todas las pruebas y concretado los hechos investigados y las personas implicadas. Con esta decisión, tras cinco prórrogas, los investigados podrán acceder a los autos y conocer los cargos que se les imputan antes de ser citados a declarar.
La investigación se centra en tres posibles delitos contra la Administración. El primero afecta a la actual alcaldesa de Santillana del Mar, Sara Izquierdo (PRC), denunciada por su predecesor, Ángel Rodríguez. Se la acusa de haber adjudicado en agosto de 2023 un contrato de 17.968 euros a una empresa que, posteriormente, subcontrató a su hermana, quien facturó 7.500 euros por el trabajo.
La segunda línea de investigación analiza la gestión del aparcamiento municipal. En noviembre, la Guardia Civil registró la sede de Iberpark, la empresa concesionaria, y requisó dispositivos informáticos. Los investigadores tratan de determinar si existe un desfase entre los vehículos estacionados y la recaudación correspondiente, lo que podría constituir un delito de malversación. Sin embargo, la eliminación de datos de los parquímetros por una supuesta actualización de software ha dificultado las pesquisas.
El tercer foco de la causa se centra en el Club Deportivo Elemental Santillana, que habría recibido 107.000 euros en subvenciones municipales sin justificar entre 2017 y 2024. Por este motivo, están siendo investigados el exalcalde Rodríguez y el concejal de Deportes, Rafael Oceja.
Además, la edil Paula Pérez (PSOE) está siendo investigada por un presunto borrado masivo de datos, una causa que instruye el Juzgado Nº7 de Torrelavega. Mientras tanto, las diligencias del ‘caso Santillana’ avanzan con la toma de declaraciones a los implicados en las próximas semanas.
