Izquierda Unida de Cantabriaha registrado sus alegaciones a la Orden que delimita los municipios en riesgo de despoblación en Cantabria con el fin de que se establezcan criterios “más justos y realistas”.
Así lo explica su coordinador general, Israel Ruiz Salmón, quien denuncia que más de 23.000 cántabros de 14 municipios se quedan fuera de los potenciales beneficios fiscales que hasta ahora tenían, como desgravaciones en arrendamientos de vivienda habitual, gastos de guardería, traslado de residencia habitual y transporte de estudiantes.
El también edil de Por Riotuerto y responsable de Hacienda en Riotuerto explica que “ya son varios los vecinos que preguntan cómo les afecta”, algo que “está seguro se está repitiendo en otros lugares”.
Desde IU comparten el criterio del gobierno autonómico de unificar los dos listados que había de las consejerías de Presidencia y Economía “pero no cómo se ha hecho por las implicaciones que tiene en numerosos ayuntamientos que a finales y principios de año preparan y aprueban los presupuestos teniendo en cuenta lo que les va a llegar de otras administraciones”.
Moratoria en la lista unificada y exigencia de dos parámetros en lugar de tres
Con el fin de evitar “un duro golpe a los presupuestos locales de los municipios excluidos de la lista unificada”, IU plantea en sus alegaciones que la Orden incluya a los 55 municipios que hasta la fecha estaban en una de las dos listas -la de Presidencia y la de Economía- como municipios en riesgo de despoblación durante todo 2025 y que trascurrido el mismo, que se apliquen los criterios establecidos en la Orden incorporando las sugerencias planteadas por IU, ayuntamientos y asociaciones alegantes.
Ruiz Salmón también defiende que la exigencia de cumplimiento de tres de los cuatro parámetros – variación negativa de la población en los últimos diez años, renta per cápita inferior a la renta per cápita mediana de todos los municipios de Cantabria, tasa de envejecimiento superior al 30 por ciento y municipio de población inferior a los 2.000 habitantes- es excesiva, toda vez que hasta la fecha sólo se exigía cumplir uno de los parámetros para formar parte del listado. “Esta exigencia está hecha para excluir en lugar de para incluir y beneficiar a los ayuntamientos con menos población y presupuesto y con mayores dificultades para ofrecer servicios públicos o infraestructuras a sus vecinos y vecinas”, afirma.
En este sentido, IU considera que sólo dos parámetros debieran exigirse para formar parte del listado e incluir un quinto concepto que tenga en cuenta las dinámicas poblacionales dentro de cada municipio. “La Orden obvia por completo la configuración interna de cada municipio”, añade.
Un quinto parámetro: la población por pueblos distintos a la capital municipal
“No se puede pasar por alto que la población dentro de un municipio no está asentada de forma regular geográficamente y que, el hecho de que se tengan más de 2.000 habitantes totales o una densidad superior a 12,5 personas por kilómetro cuadrado no quiere decir que dentro de los municipios no esté habiendo también un flujo de los núcleos menos poblados al núcleo principal, lo que de facto provoca despoblación y sus consecuencias: menor actividad del sector primario y dinamismo económico general, mayor riesgo de incendios, desaparición de bares-tienda, escuelas y consultorios rurales, asociaciones vecinales o redes de comunidad, entre otros”, explica el líder de IU.
Por ello, han propuesto al Ejecutivo cántabro que incluya un quinto criterio: que la población media de los núcleos de población distintos al principal y una vez descontada la población de éste, no supere los 250 habitantes. Y pone como ejemplo un ayuntamiento que tenga 2.300 habitantes, de los cuales, 1500 estén en la capital y los otros 800 se repartan entre 4 núcleos. “¿No cabría pensar que los 4 núcleos más pequeños sí están en riesgo de despoblación y, por tanto, el municipio? Porque según los parámetros generales del gobierno de Cantabria no sería así”, ha sentenciado.
