El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha desestimado el recurso presentado por Global Steel Wire (GSW) contra la sentencia que le obliga a revelar el salario individualizado de sus directivos. En su fallo, el alto tribunal ha ratificado la resolución del Juzgado de lo Social Nº 4 de Santander, que consideró que la empresa, que forma parte del Grupo Celsa y está ubicada en Nueva Montaña, debía cumplir con lo estipulado en la Ley de Transparencia de Cantabria.
Esta sentencia responde a una solicitud realizada por el sindicato USO, que, con la representación legal de Diego Candás, reclamaba el derecho de los trabajadores a conocer las remuneraciones de los altos cargos de la empresa. En la resolución, además de mantener la obligación de hacer pública dicha información, el TSJC condena a GSW a indemnizar al sindicato con 6.250 euros por vulneración de derechos fundamentales y al pago de las costas judiciales.
GSW, en cumplimiento de la Ley de Transparencia, publicó en su portal web en 2022 la cifra total de las retribuciones de los órganos de dirección y administración correspondientes al ejercicio 2021, ascendiendo a 2,1 millones de euros. Sin embargo, se negó a proporcionar detalles sobre los salarios individuales de sus directivos, incluso después de ser requerida por USO.
Según la normativa, las empresas que reciban fondos públicos deben proporcionar información detallada sobre las retribuciones de sus directivos. GSW, que ha recibido ayudas tanto del Gobierno de Cantabria como del Ejecutivo central, deberá ahora cumplir con esta obligación. El TSJC destaca que los trabajadores tienen derecho a acceder a información sobre las retribuciones, especialmente en lo que respecta a las cuantiosas indemnizaciones recibidas por algunos directivos al finalizar sus contratos.
El fallo también rechaza los argumentos presentados por GSW, entre los que se incluían la supuesta vulneración de la protección de datos y la incompetencia de la representación social para hacer esta reclamación. Con esta sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, se establece un importante precedente en la Comunidad Autónoma sobre el acceso a la información de salarios de los directivos, en virtud de la Ley de Transparencia.
