El juicio por las supuestas irregularidades en la contratación de personal y el pago de retribuciones indebidas en el Ayuntamiento de Castro Urdiales entre 1991 y 2011 ha concluido este miércoles en Santander, dejando el caso visto para sentencia. La última sesión, celebrada en el salón de actos del complejo judicial de Las Salesas, estuvo marcada por los informes finales de los abogados defensores y el ejercicio del derecho a la última palabra por parte de algunos de los acusados. Entre los procesados se encuentran los exalcaldes Rufino Díaz Helguera y Fernando Muguruza, para quienes el Ministerio Fiscal solicita penas de ocho años de prisión, mientras que para los nueve exconcejales y un funcionario jubilado que también están imputados se piden cuatro años de cárcel y penas de inhabilitación que oscilan entre los 18 y los 19 años.
El fiscal mantiene que los hechos constituyen un delito continuado de prevaricación en concurso con otro de malversación de caudales públicos. Sin embargo, los letrados defensores insisten en que no existen pruebas que acrediten las irregularidades denunciadas, argumentando que todas las decisiones tomadas se realizaron con base en informes técnicos y dentro del marco de la legalidad. En caso de que el tribunal no comparta este análisis, han subrayado que muchas de las acciones imputadas estarían prescritas. Cabe recordar que, al inicio del juicio, ya fue absuelto el exsecretario municipal César Saiz Alonso por este motivo, pues su caso, relacionado con la contratación de su hija en el Ayuntamiento, había prescrito.
Reclamo de nulidades y atenuantes por parte de las defensas
Los abogados de los acusados han cuestionado aspectos fundamentales del proceso judicial, entre ellos la instrucción realizada por el juez Luis Acayro Sánchez, quien estaba al frente del Juzgado número 2 de Castro Urdiales, así como el papel del entonces interventor municipal, Fernando Urruticoechea. Asimismo, han criticado las modificaciones realizadas por el fiscal en sus conclusiones definitivas y han solicitado que, de ser condenados, se aplique la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas como «muy cualificada», lo que permitiría una reducción significativa de las penas.
En sus últimas intervenciones, varios de los procesados, entre ellos Díaz Helguera y los exconcejales Concepción Carranza e Iván González, defendieron que todas las decisiones tomadas durante su etapa en el Consistorio se ajustaron a la normativa vigente. También destacaron las consecuencias personales de este proceso, al señalar que se ha desarrollado en una comunidad pequeña como Castro Urdiales, donde los acusados son personas conocidas por los vecinos, lo que ha generado un impacto significativo en su vida personal.
Entre los nombres que han ocupado el banquillo de los acusados destacan también figuras como Agapito Pastor, Arantza Gorriarán, Pedro Quintana, José Miguel Rodríguez ‘KyK’, Elisa Dopico, Ana Zubiaurre, Agustín Fernández y el exfuncionario Gregorio Alcedo. Este último está acusado por el cobro de un complemento personal transitorio, mientras que los exconcejales se enfrentan a cargos por haber aprobado los presupuestos municipales de 2008 y 2009 pese a los reparos emitidos por el interventor, quien advirtió en su momento sobre presuntas ilegalidades en los pagos.
Tras más de un mes de sesiones, en las que se han presentado pruebas y testimonios, el juicio llega a su fin. Ahora, el tribunal deberá decidir si las actuaciones de los procesados fueron ilícitas o si, como defienden los abogados, se ajustaron a la ley y carecen de relevancia penal. La sentencia pondrá fin a un caso que ha marcado la política local de Castro Urdiales y que lleva más de una década generando controversia.
