El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado hoy la resolución de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación por la que se aprueba el Plan Anual de Incendios Forestales de Cantabria para 2025, que prevé una inversión de más de 8,4 millones de euros para reducir al mínimo los daños ecológicos, económicos y sociales producidos por los incendios forestales en la Comunidad Autónoma.
Entre las medidas que se pretenden llevar a cabo, garantizar una adecuada cobertura territorial de autobombas y flota de vehículos; revisar la necesidad de medios aéreos y completar la red de puntos de carga; mejorar el sistema de comunicaciones; implementar un programa de formación continua para el personal del Operativo de Lucha contra Incendios Forestales, y asegurar la dotación y correcta utilización de los equipos de protección individual.
También avanzar en la investigación de causas de los incendios forestales y sus motivaciones; potenciar la línea de financiación dedicada a inversiones colectivas; implementar compromisos agroambientales en superficies agrarias, así como el mantenimiento y mejora de hábitats y de actividades agrarias tradicionales que preserven la biodiversidad, e integrar sistemas innovadores de pastoreo y actuaciones de desmatorralización y mejora de pastos para alcanzar un monte productivo, biodiverso y resiliente frente a los incendios.
De igual modo, formular un protocolo técnico dirigido a determinar las áreas incendiadas que precisan de acciones de restauración; ejecutar acciones de restauración diseñadas e inversiones en montes de utilidad pública para mejorar pistas; ordenar recursos forestales, y prevenir incendios.
En el marco del Plan Estratégico de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales de Cantabria 2023-2027, el objetivo de este plan anual para 2025 es que el porcentaje de incendios forestales que logran quedarse en conato, es decir, en una superficie inferior a una hectárea, esté por encima de la media de los últimos 10 años, que se sitúa en el 27,6%.
El nuevo Plan concluye que en los últimos años la mayoría de ellos son intencionados y que su motivación principal radica en evitar la matorralización del terreno asociados a prácticas ganaderas, y el número de incendios forestales casi se ha duplicado en Cantabria, al pasar de los 565 registrados en 2018 a los 959 que se produjeron en 2022, siendo las zonas del interior occidental y oriental las que más incendios forestales soportan y municipios como Vega de Pas, Soba, Cabuérniga, Rionansa, Selaya, San Roque de Riomiera, Miera y Los Tojos suman en su conjunto más de 50% de la superficie incendiada entre 2018 y 2022.
En cuanto a su distribución mensual, los meses de febrero, marzo y abril acumulan más del 65% de los incendios registrados y casi el 70% de la superficie quemada, registrándose incendios durante todas las épocas del año, y la mayor parte de los incendios forestales registrados no superan las 25 hectáreas, si bien se ha registrado 3 grandes incendios de más de 500 hectáreas entre 2018 y 2022, que afectaron a más de 2.000 hectáreas.
El nuevo Plan establece como épocas de peligro por incendios forestales para toda Cantabria el periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de abril, y del 1 de agosto al 15 de octubre para las comarcas de Liébana, Campoo y Los Valles, teniendo en cuenta que estas épocas de peligro se pueden alargar, acortar o aparecer otras en función de cada año.
Ante tal situación, el Plan establece una serie de medidas preventivas, como las autorizaciones preceptivas para la utilización de cualquier tipo de fuego, tanto en suelo urbano como en terrenos rústicos; medidas de protección de bienes de interés cultural; inclusión del riesgo de incendios en las guías municipales de respuesta; planes de autoprotección por riesgo de incendio forestal; actualización de los datos referentes a las épocas de peligro y al riesgo por incendios forestales; información a la población; programa de simulacros; programa de ejercicios y adiestramiento; comprobaciones; revisiones periódicas y extraordinarias, y un plan de formación.
También determina las prohibiciones en el empleo del fuego, regula el uso social y el acceso público durante la época de riesgo de incendios forestales y planifica una serie de acciones para mitigar y adaptar los ecosistemas forestales, programas de desbroces con ayudas para la mejora y aprovechamiento sostenible de los montes para entidades locales públicas y entidades privadas, así como ayudas para el fomento y la extracción de la biomasa, además de ayudas para la mejora de pastizales de aprovechamiento común en terrenos públicos.
