Este jueves, 14 de noviembre, la Audiencia Provincial de Cantabria ha comenzado el juicio por el llamado «caso de los sobresueldos» en el Ayuntamiento de Castro Urdiales, un proceso en el que se juzgará a 14 personas acusadas de diversas irregularidades administrativas y financieras durante la gestión municipal entre 1991 y 2011. Entre los acusados destacan los exalcaldes Rufino Díaz Helguera y Fernando Muguruza, quienes afrontan penas de hasta nueve años de prisión por presuntos delitos continuados de malversación de fondos públicos y prevaricación. Este juicio, que se extenderá hasta el 19 de diciembre, analizará en detalle las contrataciones irregulares de personal, el pago de complementos salariales indebidos y otras prácticas cuestionables en la administración municipal de Castro Urdiales.
La investigación, dirigida en su día por el juez Luis Acayro Sánchez, comenzó en 2015 y se centra en la gestión de los recursos humanos y económicos del Ayuntamiento durante las administraciones de Díaz Helguera y Muguruza. Según la acusación de la Fiscalía, el exalcalde Díaz Helguera, en el cargo desde 1991 hasta 2003, realizó contrataciones de personal de forma «arbitraria y opaca», ignorando los informes legales que demandaban objetividad y transparencia. Así, durante su mandato, se contrataron personas de forma directa, manteniéndolas en puestos de interinidad sin respetar los principios de concurrencia pública y con el supuesto propósito de obtener beneficios personales y patrimoniales. Tras Díaz Helguera, su sucesor en el cargo, Fernando Muguruza, que gobernó desde 2003 hasta 2011, mantuvo el mismo esquema de contrataciones irregulares y amplió la práctica a servicios municipales como el de extinción de incendios y la residencia municipal, todo ello a pesar de las advertencias continuas de intervención.
Además de los exalcaldes, el juicio se centra en otros nueve exconcejales del Ayuntamiento, que, según la acusación, aprobaron los presupuestos de 2008 y 2009 desoyendo los informes del interventor que alertaban de los pagos irregulares. Entre los acusados también figura el secretario municipal de la época, César Saiz Alonso, quien presuntamente no se abstuvo de intervenir en la contratación de su hija, así como varios funcionarios que se beneficiaron de complementos salariales irregulares. Según la Fiscalía, uno de estos funcionarios, que tenía el encargo de elaborar las nóminas municipales, incluyó de forma indebida conceptos retributivos adicionales, como «bolsa de Navidad», «Coso Blanco» y un «complemento de productividad» de carácter periódico, causando un perjuicio a las arcas municipales.
La Fiscalía solicita penas de hasta nueve años de prisión y 27 años de inhabilitación para empleo o cargo público para Díaz Helguera y Muguruza, y cinco años de prisión e inhabilitación para los exconcejales procesados. Para los funcionarios que recibieron beneficios indebidos, las penas solicitadas varían según su implicación en los hechos. La acusación considera que las irregularidades causaron un daño económico a las arcas públicas y supusieron un incumplimiento continuado de las leyes que rigen el gasto público.
Durante las primeras sesiones del juicio, que tendrá lugar en la Sección Primera de la Audiencia, se presentarán las cuestiones previas. A partir del 19 de noviembre, comenzarán a declarar los testigos propuestos por la Fiscalía, mientras que las declaraciones de los acusados están previstas para la primera quincena de diciembre. El juicio concluirá el 19 de diciembre con las conclusiones e informes de las partes, y se espera que sea uno de los procesos más extensos de los últimos años en Cantabria.
