En una reciente publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), el Consejo de Gobierno ha hecho oficial una orden que regula la concesión de pantallas digitales «Smart Board» adquiridas con los fondos de Recuperación y Resiliencia, destinadas a centros privados concertados.
Sin embargo, esta medida ha generado controversia y críticas por parte del sindicato mayoritario del profesorado de Cantabria. Según su opinión, esta orden es una normativa diseñada específicamente para legalizar lo que consideran una anomalía en el contexto europeo: la desviación de recursos necesarios en la red pública hacia la sostenibilidad o dotación de negocios educativos privados.
El sindicato argumenta que la orden intenta categorizar a los centros privados concertados en distintos niveles de vulnerabilidad social, lo cual dificulta su fiscalización y podría resultar en un aprovechamiento injusto para acceder a las pantallas. Además, critican la falta de transparencia por parte de la Consejería en cuanto a las necesidades educativas y de atención a la diversidad, que se les ha negado hasta la fecha.
Se destaca también que muchos de los centros privados concertados atraen a estudiantes de áreas geográficas distantes, lo que pone en duda la justificación de estas subvenciones para corregir problemas de despoblación o pobreza infantil en los municipios locales.
El sindicato concluye que estas políticas perpetúan el papel de ciertas fundaciones privadas en la atención de alumnos con necesidades educativas especiales, en lugar de promover su inclusión en el sistema educativo para todos. Insisten en que estos recursos son urgentemente necesarios en los centros de la red pública, y rechazan firmemente su desvío hacia el sector privado, especialmente cuando algunos sectores políticos defienden el liberalismo económico en sus discursos.
