El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, ha solicitado una reunión bilateral con la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, con el fin de analizar los detalles de la propuesta del Ejecutivo central para financiar el coste de la aplicación de la Ley del Sistema Universitario.
Este nuevo plan prevé la incorporación de 4.200 nuevos docentes, y según los planes del Ministerio, el coste de cerca de 3.400 será asumido por el Gobierno de España, y el resto correrá a cargo de las comunidades autónomas. Por este motivo, el consejero de Universidades del Ejecutivo cántabro ha reclamado una reunión en la que la ministra precise los datos y detalles que, el convenio de colaboración entre Ministerio y CCAA prevé para Cantabria, «ya que no se ajusta a las cifras con las que cuenta la Universidad de Cantabria ni la Consejería de Educación».
Según Silva asistimos a un momento «crucial» para establecer las bases de la Universidad del futuro, una circunstancia que requiere de «lealtad institucional y colaboración» con el fin último de mejorar el sistema universitario español. En esta línea, el consejero de Educación ha manifestado el compromiso del Gobierno de Cantabria para alcanzar un consenso que permita abordar con «garantías» la financiación derivada de las previsiones de la LOSU.
«Se trata de un momento que exige de un mayor esfuerzo de entendimiento por una triple confluencia, Estado, CCAA y Universidades, y que es, a su vez, una etapa de cambio que constituye todo un reto».
Así lo ha expresado al término de la reunión de la Conferencia General de Política Universitaria, que ha tenido lugar hoy en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para abordar la financiación que supone la implantación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), y donde ha acudido junto a la directora de Universidades y Política Universitaria, Marta Pascual.
A su juicio, la propuesta del Ministerio-3.400 plazas- sigue siendo insuficiente por lo que ha reiterado que se financie el 100% de los 6 primeros años de lo que supondrá el incremento de plazas, ya que, después, serán las comunidades las que asuman con carácter estructural ese gasto. En concreto, en Cantabria, ese gasto estructural supone 48 plazas más y un coste de 2,4 millones de euros, que habrán de contemplarse en el contrato programa dentro de seis años.
El Gobierno y las comunidades han debatido hoy la propuesta de contratación de nuevos profesores ayudantes doctores, un plan cuyo coste habrán de cofinanciar las autonomías, y que ha generado objeciones entre estas últimas. La queja de algunos gobiernos regionales es el coste que deberán de asumir para poder cumplir con las disposiciones de la LOSU en relación a la plantilla del personal docente e investigador afectado por una alta tasa de temporalidad.
Una vez transcurridos los primeros seis años de contrato las CCAA asumirían la totalidad del coste del incremento de plantillas del personal de forma estructural, incluyendo los incrementos salariales. Esta propuesta fue rechazada en la primera reunión, celebrada en febrero, por las CCAA que exigían al Ministerio un mayor esfuerzo presupuestario y un mayor margen temporal para incrementar la dotación de sus universidades.
Silva ha valorado la última propuesta del Estado para la financiación de un total de 3.400 plazas de Profesor Ayudante Doctor (PAD) aunque la ha considerado «insuficiente», por lo que ha demandado que se sufrague el 100% del coste que supone el incremento de estas plazas durante los primeros seis años, «ya que las CCAA no pueden abordarlo al tener ya cerrados los presupuestos 2024».
«Desde Cantabria lo que queremos es seguir trabajando y avanzar hacia la financiación completa», ha reiterado.
El pasado 15 de marzo el Gobierno de España difundió el Programa para la Incorporación de Talento Docente e Investigador a las Universidades Españolas, que implicará financiar con 150 millones de euros anuales un total de 3.400 plazas de profesores ayudantes doctores en el curso 2024-2025 y durante los seis años de duración de esta modalidad de contrato. De acuerdo con esta propuesta, el Ejecutivo central financiará dos tercios de las plazas y las comunidades el resto, aunque las autonomías y universidades deberán definir y evaluar sus necesidades de plantilla y la financiación requerida.
Cantabria ha valorado de esta nueva propuesta del Ministerio que contempla un mayor horizonte temporal para su implantación, en el curso 2027/2028, y valora el «avance significativo» (la propuesta inicial contemplaba la financiación estatal de 1.400 plazas) aunque, a su juicio, sigue resultando «insuficiente», algo que ha refrendado solicitando que la financiación de las plazas de profesor ayudante doctor llegue al 100% de los primeros seis años. «Creemos que esto ya debería de haberse negociado y previsto en la tramitación de la LOSU, y que, por no hacerlo, ahora nos encontramos en una situación no deseada», ha remarcado.
Por último, el consejero ha planteado también en la reunión los problemas derivados de la cotización del alumnado en prácticas, un aspecto que está complicando la posibilidad de que muchos de ellos obtengan prácticas en empresas y su consiguiente egreso.
