La diputada y portavoz del PRC en materia sanitaria, Paula Fernández, propondrá al Parlamento de Cantabria que presente una proposición de Ley en la Mesa del Congreso de los Diputados para equiparar la consideración profesional de la enfermería y la fisioterapia al resto de los grados sanitarios y tenderá la mano a todos los grupos políticos con el fin de conseguir «un amplio consenso» e incluso trasladar la misma iniciativa al resto de los parlamentos autonómicos.
«Creemos que es una cuestión de justicia que las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas se merecen y que, por una vez, sea la ciudadanía, representada en los parlamentos de las Comunidad Autónomas, la que cuide de ellos». Así lo ha manifestado la parlamentaria regionalista en una rueda de prensa celebrada hoy para presentar la iniciativa, en la que ha comparecido acompañada por la secretaria general autonómica del sindicato SATSE, Ana Isabel Samperio.
Paula Fernández ha subrayado que, tras la entrada en vigor del Espacio Europeo de Educación Superior, ha desaparecido la diferenciación de las carreras universitarias entre licenciaturas y diplomaturas y todas han pasado a ser estudios de grado, por lo que «no tiene sentido» que esa diferenciación permanezca en el seno de la Administración Pública, donde aún existe una categoría superior y otra inferior (A1 y A2), que determinan diferencias salariales y en el desarrollo de la carrera profesional.
A estar incluidos en la categoría A2, los profesionales de enfermería y fisioterapia no sólo sufren «una diferencia salarial muy alejada de la responsabilidad profesional y del trabajo que realizan», sino que además no pueden acceder a los cargos de máxima responsabilidad en el ejercicio de su profesión. «Estamos claramente ante una injusticia, una situación que evidencia discriminación en el ámbito del empleo público y que precisa una respuesta de la Administración», ha recalcado la diputada.
Con ese fin, la proposición no de ley que ha presentado en la Cámara cántabra plantea una doble dirección. Por un lado, instar al Gobierno de España a «acabar con la discriminación profesional y el agravio comparativo», mediante la modificación de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público para eliminar la clasificación en subgrupos A1 y A2 y sustituirlos por un único grupo A. Y como segunda vía, que sea el Parlamento cántabro quien tome la iniciativa y dé ese «salto adelante» presentando la proposición de ley necesaria en el Congreso de los Diputados.
Paula Fernández ha confiado en la receptividad del resto de los grupos políticos para lograr este objetivo con «el mayor consenso posible», e incluso planteando «iniciativas espejo» en el resto de los parlamentos autonómicos.
Por su parte, Ana Isabel Samperio ha expresado su apoyo a las propuestas del PRC y ha hecho hincapié en que la enfermería y la fisioterapia trabajan en la Administración pública en un subgrupo profesional «por debajo» de lo que les corresponde por «formación, cualificación y experiencia profesional».
La secretaria general de SATSE ha vinculado esta situación con el hecho de que el 84% de las profesionales de enfermería sean mujeres y ha lamentado el «mantenimiento de los roles sexistas» que históricamente han atribuido las labores de cuidado a la mujer. «Estamos hartas de que nuestra formación, cualificación y experiencia profesional no se reconozcan, se nos minusvalora y se dificulta de manera permanente nuestro desarrollo profesional», ha declarado Samperio antes de preguntarse «qué ocurriría si el 85% de la profesión no fuera femenina». «Posiblemente las directrices serían otras y seguramente estaríamos encuadrados en el grupo profesional que nos corresponde», ha respondido ella misma.
En este sentido, ha recordado que hace más de 10 años que el Plan Bolonia equiparó la mayoría de los estudios universitarios bajo la consideración única de grados y acabó con la distinción que a día de hoy aún existe en el seno de la Administración, lo cual implica que enfermeras y fisioterapeutas no puedan ostentar cargos de gestión y dirección, ni participar en proyectos de investigación, que sólo se ofrecen a la categoría profesional superior. «Se nos frenan todas las posibilidades de desarrollo y crecimiento profesional «, ha concluido.
