El Gobierno de Cantabria va a defender la continuidad de las obras de construcción del Centro Integrado de Formación Profesional Marítimo–Pesquero de Laredo ante el Ministerio de Transición Ecológica, que ha instado al Ejecutivo autonómico a paralizar de manera cautelar este proyecto.
El consejero de Fomento, Roberto Media, y el de Educación, Sergio Silva, han garantizado el compromiso del Gobierno con esta inversión de más de 5 millones de euros que consideran “esencial” y “estratégica” para la “educación, la formación profesional y el sector pesquero de Cantabria”.
Ambos han calificado de “sorprendente” la resolución del Ministerio, que dirige Teresa Ribera, instando a que el Gobierno de Cantabria, en el ejercicio de sus competencias y “por un criterio de prudencia”, paralice las obras, que concluirán el próximo mes de febrero, mientras el Tribunal Superior de Justicia resuelve el recurso contencioso-administrativo, que el Gobierno regional presentó en agosto contra el informe desfavorable de la Demarcación de Costas, al considerar “que no tiene ninguna validez legal y en ningún caso es vinculante” por llegar 16 meses más tarde del plazo máximo establecido.
Además, Media y Silva han exigido “coherencia” al secretario general del PSOE en Cantabria, Pablo Zuloaga, que en el Parlamento de Cantabria y en declaraciones públicas ha defendido la terminación de este proyecto, que comenzó la pasada legislatura, y ha atribuido al actual Gobierno un retraso en su puesta en marcha.
“Cantabria se defiende aquí en Peña Herbosa, en la calle Alta en el Parlamento, en Laredo y también en Madrid. Cantabria se defiende con hechos y gestión y no con palabras en tertulias televisivas o publicaciones en redes sociales”, ha asegurado Silva, para quien “no es de recibo que el secretario general del PSDE en Cantabria ofrezca una rueda de prensa junto a las obras el pasado 9 de noviembre, que el Grupo Parlamentario Socialista parezca apoyar esta actuación y sus compañeros de Madrid torpedeen su viabilidad”.
También han reclamado la implicación de la delegada del Gobierno, Eugenia Gómez de Diego para que, en palabras de Media, “lidere desde su nuevo puesto esta reivindicación, cumpla con su trabajo, defienda los intereses de Cantabria y exija de forma inmediata a la ministra que dé marcha atrás en su decisión”.
“Nosotros como Gobierno lo vamos a hacer y vamos a seguir defendiendo que el Centro se termine y pueda ser la sede de todos los ciclos formativos que está previsto poner en marcha para que Cantabria no sea la única Comunidad Autónoma que carece de unas instalaciones adecuadas para poder cursar todas las titulaciones imprescindibles para poder salir a la mar”, ha señalado el titular de Fomento.
“Cantabria no puede salir una vez más perjudicada por las medidas injustificadas y carentes de toda lógica de la ministra Ribera”, ha añadido Media.
Para ambos consejeros la puesta en marcha de este Centro es “necesaria” ya que Cantabria es la única Comunidad Autónoma costera que no cuenta con un centro de estas características,“estratégica” para el sector pesquero cántabro y “clave” para el conjunto de la región, y su paralización “generaría un grave perjuicio para Cantabria” y “con lo comprometido a través de la inversión de fondos de la UE”.
“Es necesario corregir esta carencia histórica en una Comunidad que tiene 200 kilómetros de costa y un sector pesquero con más de 1000 profesionales y que aporta al PIB regional cerca de 20 millones de euros anuales”, según ha precisado el consejero de Educación.
Con esta decisión el Gobierno continua con el calendario previsto para la puesta en marcha de este Centro cuyas obras concluirán en el mes de febrero con una inversión con cargo a los fondos REACT de la UE de 5 millones de euros, dentro del programa regional de impulso de la Formación Profesional, en concreto a los centros integrados.
Silva ha explicado que éste será el tercer centro integrado en Cantabria, junto a CIFP La Granja y CIFP nº1 de Santander, y ocupará una superficie de 2594 metros cuadrados en el Puerto de Laredo para albergar dos talleres de 350 metros cuadrados cada uno, 8 aulas polivalentes y 10 laboratorios.
Rotundo compromiso del Gobierno
Media ha detallado la tramitación de este proyecto, que comenzó en 2021 y con el que el actual Ejecutivo siempre se ha comprometido. “Desde el primer momento, trasladamos tanto al Ayuntamiento de Laredo como a los vecinos afectados que íbamos a seguir adelante con las obras y que no íbamos a perder los casi 5 millones de fondos europeos que se habían destinado a este proyecto”, ha explicado el consejero.
Por eso, el pasado mes de agosto el Consejo de Gobierno autorizó al Servicio Jurídico a presentar un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria pidiendo la anulación y revocación del informe desfavorable de la Demarcación de Costas, que consideraba que la actividad educativa no estaba entre las que la ley permite desarrollar en dominio público marítimo-terrestre.
“Se trata de un informe que llegó un año y medio fuera de plazo y, por lo tanto, consideramos que no tiene ninguna validez legal y en ningún caso es vinculante”, según ha explicado Media, que ha reiterado que el Gobierno está a la espera de la sentencia del TSJC que se pronunciará sobre “si se pueden dar clases teóricas en estas instalaciones”. “Ése es el único asunto que se está juzgando” y que “está pendiente de resolución”, ha aclarado.
