El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, ha reclamado hoy al Gobierno de España que retire la obligatoriedad de dar de alta en la Seguridad Social a los estudiantes en prácticas de Formación Profesional (FP) y de estudios universitarios, medida que entrará en vigor el próximo 1 de enero y que, en su opinión, va a suponer un “caos” y va a traer consigo “efectos perversos”.
Tras participar en la primera Conferencia Sectorial de Educación de la presente legislatura, que se ha celebrado de forma presencial en la sede del Ministerio a instancia de varias comunidades autónomas, entre ellas Cantabria, Silva ha asegurado que, si el departamento que dirige Pilar Alegría no da marcha atrás, esta decisión va a desincentivar a las empresas e instituciones y pondrá en riesgo la calidad formativa y la titulación del alumnado.
El consejero cántabro ha censurado que Ejecutivo central persista en una medida que, además, no cuenta con las garantías necesarias y que, en cualquier caso, debería ir acompañada de un “sistema fiable y viable para su implantación en tiempo y forma”.
Según ha dicho, se está poniendo en riesgo todo lo conseguido hasta ahora en materia de Formación Profesional, que se ha convertido en los últimos años en un “ámbito de prestigio” quegarantiza, en un alto porcentaje, una salida laboral a los estudiantes y es visto por las empresas como un “aliado”.
“Estamos a tiempo de no equivocarnos y de corregir esta situación. No podemos confundir a un alumno, que es alguien que estudia para sacar una titulación, con un trabajador, que es otra cosa”, ha señalado Sergio Silva.
Después de exponer todos estos argumentos, el consejero ha planteado que se suspenda su aplicación o, en su defecto, una moratoria o aplazamiento temporal hasta el inicio del nuevo curso en el mes de septiembre. De no ser así, ha exigido al Ministerio de Educación que la bonificación del 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social anunciada para 2024 perdure en el tiempo mientras la medida siga vigente, a fin de no desincentivar la participación de las empresas en las enseñanzas de FP y universitarias.
Asimismo, ha recordado que ésta será una de las reivindicaciones que la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, trasladará a Pedro Sánchez en la reunión que ha solicitado mantener con el presidente en La Moncloa, junto con otras demandas de la comunidad autónoma en materia de infraestructuras e inversiones estratégicas.
Por otro lado, sobre la nueva ley de FP, Sergio Silva ha instado a convocar un comité técnico para resolver las “contradicciones serias” y los “errores materiales” que presenta la normativa, y ha pedido una relajación del calendario de implantación de esta norma que “pone las cosas muy difíciles a los territorios”.
También ha puesto el foco en la necesidad de abordar la problemática derivada del uso de los teléfonos móviles, que “es uno de los factores que más condiciona la convivencia dentro y fuera de los centros educativos”. En este sentido, ha valorado la convocatoria en enero por parte del Ministerio de una reuniónmonotemática al respecto y ha solicitado que se incluya en el orden del día otro asunto que preocupa a la Consejería de Educación de Cantabria, como es la sobrexposición a las pantallas en el ciclo de Infantil.
Finalmente, como balance de la Conferencia Sectorial, el consejero se ha mostrado “decepcionado” porque ninguno de estos planteamientos ha sido tenido en cuenta por el Ministerio y ha lamentado la ausencia de Pilar Alegría en el turno de intervención de Cantabria para ofrecer una rueda de prensa sobre el contenido de la reunión. En este sentido, Sergio Silva haafeado la “falta de respeto institucional” de la ministra, quien, a su juicio, no ha estado “a la altura” de la consideración que se merece la comunidad autónoma.
