El Partido Popular de Cantabria propondrá en el pleno del Parlamento del próximo lunesmedidas para hacer frente a la ocupación ilegal de viviendas en la comunidad autónoma y acabar con un fenómeno que se ha disparado en los últimos años porque “en este país parece que el Gobierno solo protege a quienes cometen delitos como se ve en el tratamiento que le dan a los okupas y en el que le están dando a los independentistas de Cataluña, con indultos, con amnistías y con todo tipo de ventajas”.
“Uno tiene la sensación de que en este país a quien le va bien es al delincuente y que el Gobierno de España no hace nada y solo hay derechos para quienes cometen delitos y, además, se les amnistía, y esto no puede ser”, ha dicho el diputado regional Íñigo Fernández, que defenderá la proposición no de ley del PP en la sesión plenaria.
En su iniciativa, el Grupo Popular plantea instar al Gobierno de Cantabria a constituir una comisión de trabajo con la Federación de Municipios de Cantabria (FMC) a los efectos de coordinar medidas contra la ocupación ilegal de viviendas y, al mismo tiempo, establecer compensaciones para los propietarios y vecinos afectados, entre las cuales podría figurar la bonificación de impuestos y/o tasas, “siempre que no provoquen el efecto indeseado de desincentivar a los grandes tenedores a la hora de instar a los tribunales al desahucio de quienes se han alojado ilegalmente en las viviendas”.
Asimismo, se reclama instar al Gobierno de España y a las Cortes Generales a modificar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Civil para poner fin a este problema.
Desde el PP consideran que no puede permitirse que haya espacios de impunidad y permisibilidad con la ocupación ilegal y, por ello, es necesario modificar la legislación competencia del Estado en materia civil y penal, sobre todo, para que las personas víctimas de la ocupación ilegal de su vivienda puedan recuperar su posesión en el plazo máximo de 48 horas en todos los supuestos de ocupación y circunstancias del infractor, aun no existiendo violencia o intimidación, “porque ahora mismo la legislación protege a los okupas en lugar de al ciudadano al que han invadido su casa sin ninguna autorización”, según ha advertido Fernández.
En este sentido, piden promover también los cambios pertinentes con el fin de endurecer las penas tanto para la usurpación como para el allanamiento de viviendas por parte de los okupas, con agravamiento de pena si se produjera violencia o intimidación; no otorgar la consideración de morada a los inmuebles ilegalmente ocupados; y otorgar a las comunidades de propietarios y a los ayuntamientos la legitimación procesal necesaria para interponer procedimientos y personarse en los mismos frente a los actos de ocupación ilegal de viviendas.
“Hay que poner fin al problema de la ocupación ilegal de vivienda. No puede ser lo que está pasando en España y que las instituciones estén mirando para otro lado cuando a la gente se le está destrozando la vida”, ha concluido el parlamentario popular.
