Los dos concejales del PRC en el Ayuntamiento de Castañeda, Pablo González Aja y María Luisa Sáinz Abascal, han presentado su dimisión como gesto de protesta después de que la Corporación diera luz verde de forma definitiva al nuevo Reglamento Orgánico Municipal, una norma que consideran lesiva para los derechos de la oposición y que, a su juicio, deja el Pleno bajo el “control absoluto” del alcalde, Marcos García (PP), que gobierna con mayoría absoluta.
La renuncia se formaliza tras el Pleno celebrado este pasado jueves, en el que quedó ratificado el texto reglamentario. Para los regionalistas, ese acuerdo supone consolidar una “restricción injustificada” de las funciones que corresponden a los representantes elegidos por los vecinos, una situación que entienden incompatible con el papel de control y fiscalización que debe desempeñar la oposición en un ayuntamiento.
Según han explicado en un comunicado difundido este sábado, la nueva regulación introduce límites concretos al trabajo de los grupos municipales. Entre otras cuestiones, fija en una sola moción por grupo y sesión plenaria el margen de iniciativa política, reduce a cinco minutos el tiempo máximo de intervención en cada punto del orden del día y acota a cinco el número de ruegos y preguntas que puede plantear cada grupo, además de obligar a presentarlos por escrito y con antelación.
A juicio del PRC, estas condiciones no son un simple cambio organizativo, sino una restricción de fondo. Sostienen que vacían de contenido la labor de control que debe ejercer la oposición y que, en la práctica, dificultan el ejercicio real de la representación política, al estrechar de forma notable los cauces para intervenir, preguntar y debatir sobre la gestión municipal.
Los regionalistas también ponen el foco en cómo se ha tramitado el reglamento. Critican que el proceso de participación ciudadana haya sido, en su opinión, “meramente formal” y que no haya existido una difusión suficiente entre los vecinos, pese a que el propio texto invoca la transparencia y la participación como principios que deberían inspirarlo. Para el PRC, ese contraste entre el discurso del reglamento y su aplicación real es uno de los puntos que más debilita la norma aprobada.
Además, el partido muestra su preocupación por la amplitud de facultades que el reglamento reconoce al alcalde para dirigir y cerrar los debates, alterar el orden del día o retirar la palabra a los concejales, todo ello sin establecer, según denuncian, contrapesos o mecanismos de revisión. Esa concentración de poder, insisten, refuerza una dinámica en la que la oposición queda aún más limitada a la hora de ejercer su labor en el salón de plenos.
“No estamos dispuestos a ejercer como concejales de la oposición bajo un reglamento que restringe de este modo los derechos de participación y fiscalización”, han subrayado los ediles regionalistas en esa misma nota. La dimisión, por tanto, no se presenta como un paso aislado, sino como una respuesta directa a una norma que consideran inasumible en los términos en que ha sido aprobada.
En este contexto, el PRC ha avanzado que emprenderá todas las acciones legales que estime oportunas, al entender que el reglamento no se ajusta a Derecho y que su objetivo último es limitar el control político sobre el equipo de Gobierno. Los regionalistas concluyen que la nueva norma no mejora la organización municipal, sino que persigue silenciar a los representantes elegidos por los vecinos para fiscalizar la gestión del alcalde y de su equipo.
