Cantabristas ha registrado un escrito de alegaciones con el objetivo de paralizar la actividad de la cantera La Verde, situada en la localidad de Arce, en el municipio de Piélagos, cuya explotación consideran irregular desde hace décadas. La formación sostiene que la instalación ha operado durante 76 años sin contar con un estudio de impacto ambiental, un requisito básico desde el punto de vista normativo.
El partido subraya además que sobre esta explotación pesa una sentencia firme del Tribunal Supremo que decretó su cierre definitivo hace aproximadamente un año. A pesar de ello, la empresa promotora ha iniciado un nuevo procedimiento con el que pretende regularizar su situación administrativa, una iniciativa que, según Cantabristas, presenta deficiencias relevantes tanto en el plano jurídico como en el medioambiental.
En este sentido, el portavoz de Cantabristas Piélagos, Lorenzo Arce, ha calificado de “inaudito” que la cantera continúe en funcionamiento pese al pronunciamiento judicial. A su juicio, esta situación solo se explica por la falta de actuación de las administraciones competentes, en referencia tanto a la Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria como al Ayuntamiento de Piélagos.
Arce ha criticado la actitud mantenida durante años por las distintas administraciones, asegurando que “se han lavado las manos” los diferentes gobiernos autonómicos y los equipos municipales que han pasado por el Consistorio, lo que, en su opinión, ha permitido la continuidad de una actividad que consideran fuera de la legalidad vigente.
La presentación de alegaciones por parte de Cantabristas se produce tras las denuncias formuladas por vecinos de la zona y por la organización Ecologistas en Acción, que han alertado de las posibles irregularidades en la explotación. A partir de estas iniciativas, la formación ha elaborado un documento con el que pretende impedir que la empresa continúe desarrollando su actividad sin ajustarse a la normativa ambiental.
Con este paso, Cantabristas busca bloquear el proceso de regularización impulsado por la empresa y forzar el cumplimiento de la resolución judicial que ordena el cierre de la cantera, al tiempo que reclama una mayor implicación de las administraciones para garantizar el respeto a la legalidad y la protección del entorno.
