La Asociación de Vecinos de las Plazas de Pombo, Cañadío y Ensanche ha expresado su “profunda indignación” tras el anuncio de la alcaldesa de Santander, Gema Igual, de aplazar nuevamente la tramitación de la Ordenanza de Terrazas, una regulación que consideran “urgente e inaplazable”. A su juicio, el argumento de que “no hay tiempo para el verano” evidencia una “falta absoluta de voluntad política” para abordar una problemática que, según recuerdan, se arrastra desde hace años y afecta de forma directa a los residentes de estas zonas.
El colectivo vecinal insiste en que la normativa actual se encuentra en una situación irregular desde 2019, al no haberse adaptado a una sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe la instalación de mobiliario adosado a las fachadas con el objetivo de garantizar la accesibilidad. En este sentido, recuerdan que en septiembre de 2025 trasladaron a todos los grupos municipales un borrador de ordenanza elaborado a partir del análisis comparado de distintas ciudades españolas con regulaciones actualizadas, sin que, según denuncian, hayan obtenido respuesta por parte del equipo de Gobierno.
Para la asociación, el nuevo aplazamiento responde a una estrategia que favorecerá durante la temporada estival una ocupación intensiva del espacio público. Consideran que no ha existido una voluntad real de actualizar la normativa por el temor a la reacción de determinados sectores, lo que, a su entender, está permitiendo consolidar un modelo que invade aceras y limita derechos básicos de la ciudadanía. En esta línea, responsabilizan directamente a la alcaldesa de optar por la inacción en lugar de garantizar el cumplimiento de la legalidad vigente.
Asimismo, critican que los anuncios realizados por la regidora no se traduzcan en medidas concretas y sostienen que esta forma de proceder contribuye al deterioro de la convivencia en la ciudad. Denuncian problemas derivados del ruido, la saturación del espacio público y la pérdida de habitabilidad en estas zonas, aspectos que, según indican, afectan de manera continuada a los vecinos.
Ante esta situación, la asociación reclama una rectificación inmediata y la puesta en marcha de un plan que contemple la reducción de la ocupación del espacio público, la limitación de horarios de las terrazas para mitigar el ruido y el cumplimiento estricto de la normativa, incluyendo la eliminación del mobiliario instalado junto a las fachadas.
Finalmente, los vecinos defienden la necesidad de una gestión municipal que atienda al interés general y garantice el respeto a la legalidad. En este contexto, advierten de que utilizarán “todos los medios a su alcance” para defender sus derechos, tanto en el ámbito institucional como en la vía pública, si no se adoptan medidas efectivas para corregir la situación.
