La Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades dispondrá en 2026 de un presupuesto de 786 millones de euros, una cifra que el consejero, Sergio Silva, ha presentado como la más alta de la historia del departamento y que supone 107 millones más que en 2023. El aumento consolida a este área como una de las principales prioridades del Ejecutivo autonómico, al concentrar en torno al 23 por ciento del total de las cuentas de Cantabria.
Silva ha defendido que estas partidas permitirán sostener y ampliar las principales líneas de actuación del sistema educativo cántabro, con especial atención a las becas comedor, el refuerzo administrativo, las inversiones en infraestructuras y la mejora de los recursos destinados a los centros. En esa línea, el Gobierno ha avanzado que el próximo ejercicio incorporará cuatro millones de euros más para becas comedor y un millón adicional para apoyo administrativo, medidas que buscan aliviar la carga de las familias y mejorar la gestión de los centros.
El consejero ha enmarcado estas cuentas en una estrategia de apoyo al servicio público educativo, con una programación que trata de responder tanto a las necesidades de escolarización como a la evolución demográfica y a la planificación de nuevas inversiones. En la presentación de las líneas generales del presupuesto, Silva ha subrayado que el esfuerzo económico del departamento permitirá mantener el nivel de atención educativa y seguir reforzando la calidad del sistema en un contexto de crecimiento del gasto público regional.
Entre los ejes que acompañan este proyecto presupuestario figura también el impulso a las infraestructuras educativas, una de las partidas que más peso adquieren dentro del departamento. Las cuentas contemplan, además, actuaciones orientadas a reforzar recursos materiales y humanos, así como a sostener programas vinculados a la atención al alumnado y a la mejora del funcionamiento interno de la red educativa.
Silva ha ligado este incremento a la voluntad del Gobierno de seguir reforzando un sistema que, según ha insistido en anteriores comparecencias, afronta retos como la pérdida de alumnado y la necesidad de adaptar la planificación a las nuevas demandas del servicio público. Pese a ese contexto, el Ejecutivo sostiene que el esfuerzo inversor se mantiene al alza y que el presupuesto de 2026 permitirá dar continuidad a las principales políticas educativas de la comunidad.
