Cantabria cerró 2025 con 238 agresiones registradas contra profesionales sanitarios, lo que supone 36 casos menos que en 2024 y un descenso del 13,1%, aunque la cifra sigue siendo alta y solo derivó en 14 denuncias penales. De ellas, 200 fueron verbales, 26 físicas (diez no intencionadas por alteración del agresor), nueve telefónicas, dos en redes sociales y una por correo, según detalla la Memoria anual presentada este jueves por el consejero de Salud, César Pascual, junto al director general de Planificación Óscar Fernández y el gerente del SCS Luis Carretero.
Pascual ha calificado el bajón como «dato positivo», pero ha sido tajante: no se puede tolerar ni una sola agresión, ya que estos incidentes atacan el corazón del sistema sanitario público y deterioran el ambiente laboral, afectando la atención a todos los pacientes. «No son el saco de boxeo emocional de nadie», ha espetado el consejero, que ha lamentado la escasa judicialización y ha instado a los profesionales a denunciar siempre, porque «la impunidad empieza cuando se silencia».
El perfil típico del agresor es un hombre paciente de 36 a 45 años que opta por la vía verbal por frustración ante demandas no atendidas, como bajas médicas, recetas o atención inmediata; mientras que la víctima suele ser mujer de 25 a 35 años agredida verbalmente en consulta, reflejando que el 80% de la plantilla sanitaria es femenina. De los agredidos, 191 fueron mujeres y 47 hombres: 86 enfermeros, 77 facultativos, 25 TCAE, 23 administrativos y 15 celadores, principalmente por pacientes (164), familiares (72) o acompañantes (2), un tercio reincidentes.
Los centros más afectados fueron Atención Primaria con 121 casos, Hospital Valdecilla (89), Sierrallana (17), Laredo (10) y una inspección médica; todas bajaron salvo Sierrallana (+2), lo que evidencia la presión constante en servicios de primera línea. En respuesta administrativa, se enviaron 96 cartas reprobatorias, 72 sanciones a 51 agresores (21 graves por encima de 3.000 euros y 30 leves, mayoritariamente 200 euros), 14 denuncias, dos citaciones, 13 sin actuación y 37 sin datos suficientes.
Fernández ha destacado el tirón en sanciones gracias a la reforma de la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria, que ahora cubre también faltas leves, ampliando el catálogo punitivo más allá de las graves. Entre las medidas preventivas, Salud ha desplegado mapas de riesgo, rediseño de espacios, vigilantes en centros y SUAP, 174 cámaras de seguridad en consultorios y servicios de urgencia de atención primaria, además de formación específica para desescalar conflictos que suelen empezar con insultos y acabar en violencia.
Pascual ha insistido en que cuidar a quien nos cuida es deber de la Administración y la sociedad entera, llamando a proteger a estos profesionales esenciales cuyo malestar repercute en la calidad asistencial general. La memoria subraya cómo las agresiones no solo hieren al individuo, sino que generan un clima tóxico que resiente el servicio público, por lo que urge una cultura de denuncia y prevención activa.
El descenso se atribuye en parte a estas intervenciones, pero los responsables sanitarios piden más implicación social para erradicar un problema que afecta mayoritariamente a mujeres jóvenes en primera línea, en un sistema donde Primaria y Valdecilla concentran el grueso de los incidentes. Carretero ha respaldado la necesidad de datos fiables para actuar, mientras Fernández ha detallado cómo las multas han escalado en eficacia post-reforma legal.
Desde Salud, se mantiene el pulso contra la violencia: formación continua, más videovigilancia y sanciones rápidas para disuadir, con el objetivo de acercar las agresiones a cero y blindar un SCS que depende de su gente para funcionar. Pascual ha cerrado reivindicando una sociedad que valore y respete a sus sanitarios, sin excusas para la frustración convertida en agresión.
Esta memoria anual llega en plena efeméride contra las agresiones, reforzando el mensaje de que ningún descenso justifica la pasividad y que la protección integral es prioridad irrenunciable.
