Los Colectivos Vecinales han cargado duramente contra la Dirección General de Montes por lo que califican de “actitud inadmisible” ante el desarrollo del polígono eólico El Escudo. Según denuncian, lejos de ejercer su deber de proteger la biodiversidad y hacer cumplir la normativa ambiental, el organismo autonómico ha optado por desacreditar la existencia de especies en peligro de extinción que se han visto afectadas por las obras, ignorando informes firmados por la propia promotora del proyecto, Biocantaber S.L.
En un escrito reciente, la Dirección General de Montes pone en duda que el Luronium natans —una planta acuática catalogada como “en peligro de extinción” a nivel estatal— crezca de forma natural en la zona, sugiriendo que su “aparición repentina” podría deberse a una introducción artificial. A pesar de que esta especie figura en informes oficiales, se plantea incluso que los ejemplares podrían haberse adquirido en viveros especializados, insinuando una acción deliberada para frenar las obras.
Desde los colectivos ciudadanos se tilda esta acusación de infundada, carente de base técnica y reveladora de una preocupante parcialidad institucional. Denuncian que la administración ni ha promovido una investigación independiente ni ha contrastado los datos con expertos botánicos, y opta por respaldar los argumentos de la promotora frente a los informes ecológicos y las denuncias de la sociedad civil.
La crítica se enmarca en una larga lista de omisiones, irregularidades y silencios administrativos que los colectivos aseguran haber detectado desde la tramitación del proyecto. Recuerdan que el polígono eólico afecta directamente a espacios protegidos como la Red Natura 2000 y se sitúa a menos de un kilómetro de una zona ZEPA. Además, afirman que se ocultaron estudios oficiales sobre turberas y se permitió intervenir en humedales catalogados sin las necesarias evaluaciones ambientales.
A ello se suma, señalan, la destrucción de un campamento romano catalogado como parte del conjunto de estructuras militares más extenso de Europa, donde se ha trabajado con maquinaria pesada sin protección alguna. También se estarían alterando corredores ecológicos de relevancia estatal, como ya advirtió el informe “Autopistas Salvajes” de WWF.
Lo más grave, advierten, es que los informes de la propia Biocantaber reconocen la desaparición o drástica reducción de especies en peligro de extinción, como Luronium natans o Pilularia globulifera, sin que se haya producido una reacción institucional acorde con la gravedad del impacto.
Desde Colectivos Vecinales exigen responsabilidades y reclaman que la Dirección General de Montes actúe con independencia, rigor técnico y respeto a la legalidad ambiental. Consideran “vergonzoso” que se insinúe una manipulación con ejemplares de jardinería como estrategia para desacreditar a quienes defienden el territorio, mientras la administración sigue sin paralizar unas obras que ya han provocado daños irreversibles.
Denuncian también que tanto el Gobierno central como el autonómico están aprovechando el periodo estival para saturar los registros con nuevos proyectos, reactivando antiguos polígonos eólicos como Sierra de Zalama, Ornedo o Henestrosas, y sacando a exposición pública nuevos como el PE Bustatur. Ante este contexto, insisten en que la industria eólica está operando con una codicia descontrolada, sin respeto alguno por el equilibrio ambiental.
El polígono eólico El Escudo, considerado por los colectivos como “el caballo de Troya” de la expansión eólica industrial en Cantabria, será llevado ante el Tribunal Supremo. Para sufragar los costes legales continúan recaudando fondos a través de una campaña de micromecenazgo.
