El Juzgado de lo Social número 4 de Santander ha dictado una sentencia firme que condena a la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte (SRECD), entidad dependiente del Gobierno de Cantabria, a abonar 7.500 euros en concepto de indemnización a dos auxiliares de la Biblioteca Central de Cantabria. La resolución judicial, que no admite recurso, estima la demanda presentada por UGT y reconoce que la empresa pública vulneró los derechos laborales de los trabajadores al denegarles un permiso de formación en mayo de 2023.
Los hechos se remontan a la solicitud presentada por los dos empleados para asistir a un curso de restauración de libros y documentos que se impartía en sus propias instalaciones laborales. La dirección de la SRECD rechazó la petición alegando que «el curso no estaba organizado por la sociedad» y que debían priorizar el servicio de biblioteca. Esta negativa obligó a los trabajadores a utilizar sus días de asuntos propios para poder realizar la formación.
En su fallo, el magistrado considera probada la vulneración de dos artículos fundamentales del Estatuto de los Trabajadores: el 4.2b, que garantiza el derecho a la promoción y formación profesional, y el 23.3, que establece el derecho a un permiso retribuido de 20 horas anuales para formación vinculada a la actividad de la empresa. Además, la sentencia ordena no computar los días de libranza que los demandantes tuvieron que emplear forzosamente.
UGT, sindicato impulsor de la demanda, ha denunciado que este no es un caso aislado. En 2021, la SRECD ya fue condenada por vulneraciones similares del derecho a la formación. «Resulta especialmente grave que una empresa pública, que debería dar ejemplo en el cumplimiento de los derechos laborales, incurra reiteradamente en este tipo de prácticas», ha declarado el representante sindical.
El sindicato ha aprovechado para señalar los problemas crónicos en la política formativa de la entidad, destacando que en los años 2020 y 2024 no se elaboró ningún plan de formación para los trabajadores, y que en 2023 la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) declaró improcedentes las bonificaciones por irregularidades en los cursos ofertados.
Los afectados, que llevan más de un año esperando justicia, ven finalmente reconocidos sus derechos. Por su parte, UGT confía en que esta sentencia sirva para «reconducir definitivamente» la gestión de recursos humanos en la SRECD y evitar que se repitan situaciones similares en el futuro. La resolución judicial supone un importante precedente sobre el derecho a la formación continua en el ámbito de la administración pública.
