La comunidad educativa del colegio público El Pedregal ha vuelto a concentrarse este domingo, por tercera semana consecutiva, para exigir al Gobierno de Cantabria que dé marcha atrás en su decisión de cerrar el centro. Las familias denuncian que la medida responde a una decisión política y no a una imposición de la Fundación Barquín Hermoso, como ha asegurado el Ejecutivo.
La Asociación de Madres y Padres del Alumnado (AMPA) del colegio ha hecho público un comunicado en el que informa de que ya se han reunido 8.000 firmas en contra del cierre. Un respaldo que, dicen, refleja el “rechazo generalizado” de la sociedad cántabra ante una decisión que consideran “injustificada”.
Representantes del AMPA acudirán este lunes al Parlamento de Cantabria para escuchar las explicaciones del consejero de Educación, Sergio Silva (PP), en una sesión en la que se espera que aclare los motivos del cierre. Las familias quieren estar presentes para expresar directamente su desacuerdo con la medida y exigir una alternativa viable que permita la continuidad del centro.
Además, el AMPA ha mostrado su malestar por las declaraciones del diputado castreño del PP Álvaro Aguirre, portavoz de su grupo en materia educativa, quien dijo “compartir la preocupación de las familias”. Según la asociación, esa preocupación “no se ha traducido en hechos”, ya que, según denuncian, en las dos reuniones mantenidas con representantes del Partido Popular “no se ofreció ninguna solución y se limitaron a culpar a la Fundación”.
En ese sentido, insisten en que la Fundación Barquín Hermoso, titular del edificio, está “fuertemente vinculada” al Gobierno regional, ya que cinco de los ocho miembros de su Patronato son altos cargos del Ejecutivo. “Afirmar que el cierre es solo cosa de la Fundación es tratarnos de ingenuos”, critican.
Como muestra del “desinterés” de la Consejería por dialogar, el AMPA señala que el equipo directivo del CEIP El Pedregal ha sido excluido de una reunión convocada este lunes con directores de centros públicos de Castro Urdiales. “Ni se le ha invitado ni se ha aceptado su participación, pese a que lo solicitó expresamente”, denuncian.
Para las familias, esta actitud es una “clara muestra” de que el Gobierno quiere tomar decisiones “a espaldas de quienes más afectados se ven: los alumnos, sus familias y el profesorado”. También critican que el PP se limite a interpelar a su propio consejero en el Parlamento, en lugar de abrir un debate con el resto de formaciones políticas.
“No se está buscando una solución real, se está cerrando un colegio sin escuchar ni ofrecer alternativas”, concluyen.
