El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este viernes la Ley de Simplificación Administrativa, una norma pionera en la comunidad autónoma que establece, por primera vez, el deber general de simplificar procesos, reducir burocracia y eliminar trámites innecesarios tanto en la administración autonómica como en la local. Su objetivo es claro: facilitar la vida a empresas y ciudadanos, y promover el crecimiento económico y la creación de empleo en la región.
Las medidas recogidas en los seis títulos de la ley entrarán en vigor este viernes, salvo aquellas que requieran desarrollo reglamentario, para las que se han fijado plazos de entre tres y seis meses. Ya se han iniciado los trabajos para elaborar los decretos necesarios, como los que adaptarán los procedimientos al nuevo régimen de silencio positivo o acortarán los plazos administrativos.
La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha anunciado además la creación de una “red proactiva permanente” dentro del Gobierno cántabro para continuar identificando retrasos injustificados en la administración y mantener actualizados los procedimientos.
“Momento histórico”
Urrutia ha calificado la entrada en vigor de esta ley como un “momento histórico” y ha asegurado que se trata de la legislación “más avanzada del país” en su ámbito. “Por fin la simplificación administrativa ha llegado a Cantabria para quedarse. El objetivo es claro: hacer la vida más fácil a la ciudadanía”, ha afirmado.
También ha subrayado la participación de diversos sectores sociales y económicos en su elaboración: “Es una ley que nace de la sociedad cántabra”, ha señalado la consejera, destacando que el Gobierno ha cumplido con uno de los principales compromisos de legislatura.
Principales medidas
Entre las novedades más destacadas de la nueva ley se encuentra la implantación generalizada del silencio administrativo positivo, salvo en los casos en los que una ley estatal o europea establezca lo contrario. También se apuesta por el uso obligatorio de declaraciones responsables y comunicaciones frente a la exigencia de licencias o autorizaciones.
Además, se acortan los plazos administrativos: los procedimientos deberán resolverse, como norma general, en un máximo de tres meses, y los informes no vinculantes deberán emitirse en un plazo de 10 días.
La ley también establece la eliminación de controles y trámites duplicados, la creación de formularios normalizados, y la elaboración de guías y protocolos para cada procedimiento. Todo ello orientado a ofrecer una administración más ágil, predecible y eficiente.
Impulso a proyectos estratégicos y vivienda
En el ámbito económico, la ley regula un marco preferente de tramitación para proyectos estratégicos públicos y privados, que contribuirán a la reactivación económica, el empleo y la atracción de inversión. Estos proyectos accederán a beneficios como plazos reducidos o incentivos a la inversión, gestionados por la unidad aceleradora de proyectos adscrita a la Presidencia del Gobierno.
También se incluyen medidas específicas en materia de vivienda, que permitirán, por ejemplo, vincular la construcción de grandes equipamientos públicos (como institutos u hospitales) a la promoción de vivienda protegida a través de proyectos de interés regional (PSIR).
Cambios en servicios sociales, juventud y salud
La norma recoge importantes mejoras normativas para reducir trámites en ámbitos como protección civil, aguas, sanidad, juventud y servicios sociales. Destaca especialmente la concesión automática del grado de discapacidad en función del nivel de dependencia, eliminando así el doble trámite.
Se eliminan también trámites en la organización de campamentos juveniles, en la obtención del carné joven, o en el reconocimiento de familias monoparentales, entre otros.
Evaluación y seguimiento
La ley contempla la aprobación en seis meses de un Plan de Simplificación, la creación de un grupo de trabajo, la emisión de informes anuales de evaluación, y el reconocimiento específico a las entidades públicas que más avancen en este proceso.
Su aplicación se extiende a toda la Administración autonómica, su sector público institucional y las entidades locales de Cantabria, consolidando un modelo de gestión más ágil, moderno y al servicio de la ciudadanía.
