La Guardia Civil de Cantabria tiene ya “localizados” a los organizadores de la ‘rave’ celebrada en la cantera de Lamadrid, en Roiz (Valdáliga) desde el pasado viernes, según confirmó el delegado del Gobierno, Pedro Casares. Los promotores del evento, denunciados por ocupar ilegalmente un espacio privado, podrían enfrentarse a multas de hasta 600.000 euros, mientras que los participantes arriesgan sanciones que oscilan entre 150 y 30.000 euros.
El desalojo del recinto avanza de forma progresiva. Según los datos actualizados por la Delegación del Gobierno, entre el domingo y el lunes abandonaron la cantera unas 250 personas, a las que se sumaron otras 16 durante la jornada del martes. En total, 266 personas y 86 vehículos han salido ya del lugar, aunque todavía permanece cerca de un centenar de asistentes y medio centenar de coches y caravanas.
La concentración, que llegó a reunir entre 300 y 400 participantes, ha ido perdiendo fuerza y el lunes por la noche ya se habían desmontado las barras de bar y el escenario instalados para la fiesta.
La Guardia Civil mantiene activo un operativo con unos 40 agentes, incluidos refuerzos del País Vasco y un grupo de antidisturbios, que vigilan los cinco accesos a la cantera para evitar nuevas entradas y garantizar tanto la seguridad ciudadana como la seguridad vial. Desde el inicio del dispositivo, se han interpuesto 27 sanciones por consumo de drogas a conductores.
Casares destacó la rapidez de la actuación en Cantabria, que evitó una concentración masiva como las vistas en otros puntos de España con varios miles de asistentes. “Actuamos rápidamente y eso impidió que fueran cantidades mucho mayores”, subrayó, confiando en que el desalojo total se complete “en las próximas horas”.
El delegado del Gobierno agradeció además la colaboración del alcalde de Valdáliga, Lorenzo González, quien denunció las molestias ocasionadas a los vecinos por el “ruido espantoso” que, sobre todo por las noches, se escuchaba desde varios pueblos e incluso alcanzaba a Comillas, a unos 20 kilómetros. El regidor mostró también su preocupación por que la cantera pueda convertirse en un “foco” para repetir fiestas de este tipo.
La empresa concesionaria de la cantera ha presentado una denuncia por la ocupación ilegal del terreno.
En paralelo, Casares diferenció la intervención en esta ‘rave’ respecto a los botellones en la playa de El Puntal (Ribamontán al Mar), donde recordó que no existe ordenanza municipal que prohíba beber en los arenales. “Son hechos muy diferentes”, indicó, señalando que en Roiz se trató de una ocupación privada, con riesgos para la seguridad ciudadana y vial, mientras que en El Puntal la mayoría de los jóvenes acuden a pie o en pedreñera, sin conducir vehículos.
