El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la creación de cuatro nuevas plazas de jueces y una de fiscal en Cantabria, una decisión que supondrá un refuerzo notable de los órganos judiciales y del Ministerio Fiscal en la comunidad. Con esta ampliación, la plantilla judicial cántabra crecerá un 4,8%, mientras que la fiscal lo hará un 3,03%, según la nota difundida por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Se trata de una de las mayores ampliaciones de plazas judiciales aprobadas en Cantabria en las últimas décadas. El propio Gobierno central subraya que solo en 1991 y en 2010 se crearon más plazas en la comunidad, con cinco en cada uno de esos años, por lo que la medida actual se presenta como una ampliación de carácter histórico.
Las nuevas plazas judiciales para Cantabria se destinarán a los tribunales de instancia de Santander y Santoña, dentro de un paquete estatal de 500 nuevos puestos de juez repartidos por todo el país. De esa cifra, 368 corresponden a tribunales de instancia, 96 a órganos colegiados, 34 son de adscripción territorial y dos se reservan para el Tribunal Central de Instancia.
En el conjunto de España, el Ejecutivo ha aprobado además la creación de 200 nuevas plazas de fiscales, lo que eleva el incremento global de la plantilla fiscal al 7,13%. El ministerio sostiene que esta decisión es inédita en los últimos 15 años, un periodo en el que nunca se habían creado más de 100 plazas de fiscal en un solo año.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro Félix Bolaños calificó la decisión de hito histórico y destacó que ningún Gobierno había aprobado hasta ahora una ampliación de plantilla de esta magnitud. También defendió que nunca se habían impulsado tantas reformas para mejorar el Servicio Público de Justicia ni destinado tantos recursos a su modernización.
La ampliación de plazas se enmarca en la transformación de la Justicia impulsada por el Ministerio, que combina reformas procesales, organizativas y digitales. El objetivo, según el propio departamento, es dotar al sistema de herramientas suficientes para responder a las necesidades actuales y a los retos que puedan surgir en el futuro.
El ministerio vincula esta creación masiva de puestos a la aplicación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que sustituye los juzgados unipersonales por tribunales de instancia con una sola oficina judicial de apoyo técnico. Según la nota oficial, este nuevo modelo permite crear una plaza judicial por 100.000 euros, frente a los 500.000 euros que costaba antes poner en marcha un juzgado tradicional.
En términos económicos, el Gobierno calcula que la creación de las 500 plazas judiciales supone una inversión aproximada de 55 millones de euros. Con el sistema anterior, esa misma ampliación habría alcanzado los 260 millones, de acuerdo con la información facilitada por el ministerio.
En el caso de la Fiscalía, las nuevas plazas se repartirán entre distintas comunidades autónomas y órganos centrales, con refuerzos en áreas consideradas especialmente sensibles o de creciente complejidad. Entre ellas figuran la Fiscalía de Sala contra Delitos de Odio y Discriminación, la de Trata de Personas y Extranjería, la de Violencia sobre la Mujer, además de ámbitos como la Inspección Fiscal, la Cooperación Penal Internacional y la Criminalidad Informática.
También se creará una plaza de Fiscal de Sala responsable de la Unidad de Protección de Datos, dentro de una reorganización que pretende adaptar la estructura fiscal a nuevas necesidades de trabajo y especialización. El reparto de las plazas, añade el ministerio, se ha hecho con criterios objetivos como la carga de trabajo, la litigiosidad y la población, teniendo además en cuenta las peticiones trasladadas por el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las comunidades autónomas con competencias transferidas y los tribunales superiores de justicia.
