El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, destinará 85.000 euros a reforzar el asesoramiento y el apoyo técnico en prevención de riesgos laborales dirigido a los trabajadores autónomos de la comunidad.
Para hacer posible esta iniciativa, el consejero del ramo, Eduardo Arasti, ha suscrito convenios de colaboración con cuatro entidades representativas del sector: la Asociación de Trabajadores Autónomos de Cantabria (ATA Cantabria), que recibirá 34.000 euros; la Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria (UTAC Cantabria), con 25.500 euros; la Asociación de Trabajadores Autónomos y Emprendedores de Cantabria (TAEC Cantabria), con 12.750 euros, y la Asociación Intersectorial de Autónomos de Cantabria (CEAT Cantabria), también con 12.750 euros.
El objetivo de estos acuerdos es impulsar acciones de asesoramiento y apoyo técnico en materia preventiva entre los trabajadores por cuenta propia, con la finalidad de identificar los riesgos inherentes a su actividad y contribuir así a reducir o evitar accidentes laborales y enfermedades profesionales. Las actuaciones subvencionables deberán desarrollarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026 y estarán centradas en ámbitos como la seguridad, la higiene y la ergonomía en el trabajo.
Entre las actividades previstas figuran las acciones de asesoramiento presencial a autónomos en materia de seguridad, higiene y ergonomía; las sesiones de evaluación y autoevaluación en esas mismas áreas; el asesoramiento en coordinación de actividades empresariales, y las acciones formativas derivadas del trabajo previo de asesoramiento, que podrán impartirse tanto de forma presencial como en formato online.
Las ayudas están pensadas para sufragar distintos gastos vinculados al desarrollo de los programas, entre ellos los costes salariales del personal técnico, administrativo y coordinador, las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo del empleador, los gastos derivados de la subcontratación parcial y otros costes generales. Dentro de estos últimos se incluyen partidas como publicidad y divulgación, alquiler de instalaciones y equipos directamente relacionados con la actividad subvencionada, seguros y amortización de instalaciones y equipos de duración superior al ejercicio natural.
Arasti ha puesto en valor la utilidad de estos convenios para seguir respaldando programas de apoyo a las empresas, especialmente a las pymes y a las integradas por autónomos, además de impulsar medidas orientadas al mantenimiento del empleo. También ha defendido que las empresas familiares son un elemento esencial de la actividad económica por su aportación a la riqueza y al empleo.
En esa línea, el consejero se ha mostrado partidario de reforzar la colaboración con las asociaciones de autónomos de la región en ámbitos como el asesoramiento fiscal, laboral, la prevención de riesgos laborales y la formación para el empleo. A su juicio, este tipo de acuerdos permiten consolidar una política activa de acompañamiento a un colectivo que desempeña un papel clave en el tejido productivo de Cantabria.
Estos convenios se enmarcan en el I Plan de Apoyo al Empleo Autónomo, una hoja de ruta puesta en marcha esta legislatura para ordenar las principales medidas económicas y profesionales dirigidas a este colectivo. El plan arrancó en 2024 y está orientado a autónomos de todos los sectores, profesionales liberales y jóvenes emprendedores.
La estrategia se articula en torno a cuatro líneas de actuación: crear, mantener, innovar y fomentar la salud y la seguridad en el trabajo. A ello se suman dos líneas transversales, la formación y el apoyo a través de la Oficina Virtual del Autónomo, concebida como un centro de información donde el Ejecutivo regional reúne de forma ordenada y accesible sus recursos y medidas de ayuda en una sola plataforma digital.
Arasti ha insistido en que los trabajadores autónomos constituyen un pilar fundamental de la economía cántabra y ha confiado en que estos convenios contribuyan a reforzar el trabajo por cuenta propia, así como a avanzar en políticas destinadas a mejorar la protección social, la estabilidad económica y la calidad de vida de quienes desarrollan esta actividad.
Tanto el consejero como los responsables de ATA, UTAC, TAEC y CEAT han coincidido, además, en la necesidad de mantener una política preventiva activa, apoyada en datos, formación, innovación y apoyo directo a las empresas, con especial atención a las pequeñas y medianas. El propósito, han remarcado, es seguir reduciendo la siniestralidad y afianzar la cultura preventiva en la Comunidad Autónoma.
