La puesta en marcha del proceso extraordinario de regularización administrativa de personas migrantes ha generado en Santander un primer día de intensa actividad, con más de un centenar de consultas atendidas en la ciudad. La apertura del plazo se produjo este jueves por vía telemática, dentro del nuevo marco aprobado por el Gobierno para facilitar permisos de residencia y trabajo a personas que ya residen en España.
El procedimiento, que el Ejecutivo ha presentado como una respuesta de urgencia social, permite desde el 16 de abril la presentación de solicitudes de forma digital y prevé que, a partir del 20 de abril, también pueda tramitarse de manera presencial en determinados puntos habilitados. Entre esas vías figuran las oficinas de Extranjería, varias dependencias de la Seguridad Social y oficinas de Correos en ciudades de más de 50.000 habitantes.
La medida está dirigida a personas en situación administrativa irregular que cumplan los requisitos fijados por la norma, entre ellos acreditar residencia previa en España antes del 31 de diciembre de 2025 y carecer de antecedentes penales, además de otros supuestos vinculados a la situación administrativa del solicitante. El plazo para presentar solicitudes se prolongará hasta el 30 de junio de 2026.
Desde el Ministerio de Inclusión se ha explicado que el sistema se ha diseñado para canalizar un volumen elevado de expedientes y evitar el colapso de la red de atención presencial. Aun así, la puesta en marcha del proceso ha generado una carga de trabajo significativa en oficinas y servicios de asistencia, algo que ya había sido advertido en semanas anteriores por distintos responsables y cuerpos de seguridad.
En paralelo, la Delegación o los servicios de atención en Santander han tenido que responder a un número elevado de consultas en apenas unas horas, una circunstancia que refleja el interés que ha despertado la medida entre los potenciales beneficiarios y también la complejidad administrativa del procedimiento. El arranque de la regularización obliga a acreditar documentación, cumplir plazos y emplear los canales habilitados, lo que explica parte de la presión inicial sobre los puntos de información.
El Gobierno ha defendido esta regularización extraordinaria como una vía para dar respuesta a unas 500.000 personas que viven en España sin papeles plenamente regularizados, aunque otros análisis sitúan la cifra potencial en un volumen superior. En todo caso, la iniciativa ha desembocado en una avalancha inicial de solicitudes y consultas en diferentes territorios, incluida Cantabria, donde Santander se ha situado entre los primeros lugares en notar ese incremento de demanda.
La tramitación se mantendrá durante los próximos meses, con el objetivo de que las solicitudes presentadas correctamente puedan resolverse dentro del marco previsto por la normativa. La carga administrativa y la necesidad de una atención ágil hacen prever que, al menos en esta primera fase, las oficinas y los servicios implicados seguirán soportando una presión elevada.
