La magistrada instructora de la causa abierta por el accidente de la pasarela de El Bocal, en Santander, ha solicitado a todas las partes personadas que informen de si van a presentar sus propios informes periciales. La petición llega después de que la jueza recibiera el informe elaborado por el perito judicial designado para la causa.
Según la providencia notificada, la finalidad de esta medida es poder ordenar la práctica de la prueba “en unidad de acto”, de manera que los informes periciales que se incorporen al procedimiento se valoren conjuntamente con la declaración de los dos funcionarios de la Demarcación de Costas que figuran como investigados.
Hasta el momento, han comunicado su intención de aportar peritajes tanto la representación procesal del Ayuntamiento de Santander, en calidad de posible responsable civil, como la del actual jefe de la Demarcación de Costas, que también está investigado en la causa.
A esta situación procesal se suma ahora la personación del jefe de Servicio de Proyectos, igualmente investigado y que hasta la fecha no se había incorporado formalmente al procedimiento. En la causa constan como acusaciones particulares las familias de las víctimas mortales y la joven superviviente, mientras que el Ayuntamiento de Santander y la Demarcación de Costas figuran como posibles responsables civiles.
La investigación se centra en esclarecer las circunstancias en las que se produjo el derrumbe de la pasarela de la senda costera, un siniestro en el que fallecieron seis personas tras ceder la estructura. Además de los responsables civiles y de los investigados ya citados, la causa incluye también a la gestora del 112 que recibió el aviso sobre el estado de la pasarela, a la agente de la Policía Local a la que se trasladó esa comunicación, al exjefe de Servicio de Proyectos de la Demarcación de Costas y al director de Obras del proyecto de 2014, que actualmente dirige la Demarcación.
La jueza mantiene así la instrucción pendiente de nuevas diligencias, a la espera de que las partes concreten si incorporarán informes técnicos propios antes de fijar las comparecencias de los investigados, una secuencia procesal que busca encajar la prueba pericial con las declaraciones previstas en la causa.
