El Pleno del Parlamento de Cantabria debatirá y votará este lunes, 15 de junio, la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) del conjunto escultórico dedicado a Luis Carrero Blanco, ubicado en el Paseo Marítimo de Santoña, su pueblo natal. La iniciativa, que será presentada por el Grupo Vox en el Parlamento autonómico, busca proteger el monumento ante el requerimiento de la Fiscalía de Cantabria para eliminarlo por considerarse un símbolo contrario a la Ley de Memoria Democrática.
La sesión plenaria comenzará a las 12.00 horas con dos mociones iniciales: la gestión de los polígonos industriales, presentada por Vox, y los planes para el Centro de Atención a la Discapacidad y la Dependencia que se ubicará en las instalaciones del antiguo Centro Público de Rehabilitación Psiquiátrica de Parayas, planteada por el PSOE. Posteriormente, se debatirán y votarán cuatro proposiciones no de ley (PNL), incluyendo la iniciativa de Vox sobre la protección del monumento a Carrero Blanco.
Vox solicitará el apoyo del Parlamento autonómico para que el Gobierno regional de Cantabria abra el expediente administrativo correspondiente para la declaración como Bien de Interés Cultural del conjunto escultórico dedicado a Luis Carrero Blanco. Según ha explicado el concejal de Vox en Santoña, Salvador Sarabia, quien ha presentado una moción similar en el Ayuntamiento local, el monumento posee un «gran valor arquitectónico» que supera con creces la dimensión local y debe ser protegido por esta razón patrimonial.
El monumento, obra del escultor Juan de Ávalos, lleva en pie 50 años en el Paseo Marítimo de Santoña y ha sido objeto de intenso debate político desde que la Fiscalía de Cantabria requirió su retirada. El requerimiento fiscal se basa en la catalogación del monumento como símbolo de la dictadura franquista, de acuerdo con lo que establece la actual Ley de Memoria Democrática vigente en todo el Estado español.
Luis Carrero Blanco nació en Santoña en 1904 y fue asesinado por ETA en 1973 cuando ocupaba el cargo de presidente del Gobierno. El monumento fue erigido a posteriori del atentado terrorista, lo que ha llevado al Ayuntamiento de Santoña, presidido por el alcalde Jesús Guillart de la formación local Santoñeses, a intentar declarar a Carrero Blanco como víctima del terrorismo para poder «indultar» su estatua y burlar la Ley de Memoria Democrática.
El Ayuntamiento de Santoña ha intentado sin éxito «resignificar» el monumento para eludir la normativa que obliga a su retirada. En paralelo, el Ministerio de Memoria Democrática ha considerado la posibilidad de resignificación del homenaje escultórico, manteniendo conversaciones con el Consistorio santoñés para resolver la pretensión del pueblo de preservar el monumento en su ubicación actual.
La Secretaría de Estado para la Memoria Democrática está en conversaciones con el Ayuntamiento de Santoña para encontrar una solución que permita preservar el monumento. El ministerio analiza la posibilidad de que el conjunto escultórico sea declarado «Espacio de Memoria y Dignidad de las Víctimas del Terrorismo», incluyéndolo en programas educativos y de difusión de valores democráticos.
Desde el 13 de mayo se inició el proceso para incluir este conjunto escultórico en el catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática, lo que constituye el paso previo para imponer su demolición forzosa según lamenta la portavoz de Vox, Leticia Díaz. La inclusión en este catálogo sería irreversible y obligaría legalmente a la retirada del monumento en tiempo y forma establecidos por la normativa.
El Ayuntamiento de Santoña ha recurrido a la reciente normativa autonómica de Cantabria, amparándose en la Ley de Víctimas del Terrorismo de la región, para solicitar a la Consejería de Presidencia que reconozca que Carrero Blanco es una víctima del terrorismo. Sin embargo, el Ejecutivo autonómico ha informado al Consistorio que no tiene competencia para el reconocimiento de víctima de terrorismo en su normativa, indicando que debe dirigirse a la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior.
Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Santoña han analizado la retirada del monumento dedicado al almirante Carrero Blanco tras recibir el requerimiento de la Fiscalía. El alcalde Jesús Gullart ha declarado en la Cadena SER que su Consistorio cumplirá estrictamente el articulado de la Ley de Memoria Democrática, aunque sin descartar las alternativas legales para preservar el monumento.
Carmen González, portavoz del PSOE en Santoña, ha sugerido resignificar el monumento mediante la retirada de la placa con la imagen de Carrero Blanco, una alternativa que evitaría la demolición completa del conjunto escultórico mientras se elimina el elemento que lo considera símbolo de la dictadura.
El monumento a Carrero Blanco tiene un valor arquitectónico significativo por ser obra de Juan de Ávalos, escultor reconocido por su trabajo en monumentos de gran relevancia histórica en España. La autoría, las características y la trascendencia de la obra han sido expuestas por Vox Santoña en la moción registrada en el Ayuntamiento local, justificando la necesidad de protección patrimonial del conjunto.
Vox Santoña ha registrado primero una moción en el Ayuntamiento de Santoña exponiendo los fundamentos para la declaración como Bien de Interés Cultural, argumentando que la entidad que promueva dicha declaración debe ser el máximo órgano de representación popular de la Comunidad Autónoma de Cantabria, esto es, el Parlamento de Cantabria. La formación política local entiende que es bueno, oportuno y necesario que el Parlamento autonómico sea el promotor de la declaración BIC.
El objetivo de Vox es paralizar de forma inmediata la retirada del monumento, garantizar su protección integral e incoar de manera urgente como Bien de Interés Cultural. La formación política considera que el monumento tiene un «gran valor arquitectónico» que lo Sitúa como un elemento de «primera línea» que debe protegerse «cueste lo que cueste», según defiende el edil Salvador Sarabia en vídeo publicado en redes sociales.
La iniciativa de Vox en el Parlamento de Cantabria surge en el contexto del proceso administrativo iniciado para incluir el monumento en el catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática, que podría llevar a su demolición forzosa. La formación política busca utilizar el Parlamento autonómico como plataforma para proteger el monumento mediante la declaración BIC, que otorgaría al conjunto escultórico una protección patrimonial especial que prevalecería sobre la normativa de Memoria Democrática.
El pleno del Parlamento de Cantabria continuará con dos interpelaciones al Gobierno relacionadas con la integración del transporte escolar y el transporte público regular, por parte del PRC, y la gestión de los diferentes Espacios Naturales Protegidos de Cantabria, planteada por Vox. El control al Gobierno seguirá con preguntas de diversas formaciones sobre temas que incluyen contrataciones de Cantur, control del jabalí, becas de excelencia María Blanchard y despidos en la empresa Teknia.
