La titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander ha acordado nuevas diligencias de investigación para tratar de esclarecer el accidente registrado el pasado 3 de marzo en la pasarela de la senda costera de El Bocal, donde murieron seis personas al ceder la estructura.
En un auto notificado este martes, la magistrada señala que el contenido de las declaraciones de las dos personas directamente implicadas en la llamada realizada el día anterior al siniestro justifica profundizar en el funcionamiento habitual del Servicio de Emergencias 112 y de la Policía Local cuando reciben avisos de estas características. Por ello, requiere al inspector jefe de la Policía Local de Santander que aclare si el protocolo de actuación se aplica únicamente a comunicaciones procedentes de ciudadanos o si también alcanza a las que llegan desde el 112. En caso contrario, le pide que indique cuál es el procedimiento vigente para avisos trasladados por otros servicios de emergencias.
La instructora también solicita que se identifique al superior jerárquico de la agente que recibió el aviso y a dos agentes que desempeñen la misma función en el Centro de Coordinación de Servicios de la Policía Local, con el fin de tomarles declaración como testigos. De forma paralela, pide al director del 112 que señale quién es el superior jerárquico de la gestora que atendió la llamada del vecino e identifique a otros dos gestores para que comparezcan como testigos en la causa.
Además, la magistrada admite las diligencias interesadas por las partes y abre una nueva línea de investigación sobre la viabilidad técnica y legal del proyecto de la pasarela, así como sobre la calidad de los elementos mecánicos utilizados, en particular los herrajes que sirvieron de apoyo a la estructura. No obstante, advierte de que no acepta las afirmaciones incluidas en el escrito del Ayuntamiento sobre una posible modificación del diseño estructural y de las calidades durante la ejecución de la obra, al entender que esas consideraciones carecen de rigor técnico al no estar firmadas por un profesional cualificado.
En esa línea, amplía el alcance del informe encargado al perito judicial para que precise si la pasarela fue ejecutada conforme al proyecto refundido de 2012 y al subproyecto de las pasarelas de 2014. También pide que examine si los planos preveían que los elementos mecánicos fueran de acero inoxidable, que determine el material finalmente empleado, que valore si cumplía la normativa exigible y que analice el proyecto de las pasarelas de 2014 en ese aspecto concreto.
La jueza admite asimismo la declaración como testigo-perito de la jefa de obra que dirigió los trabajos de mantenimiento realizados en la senda costera y en la propia pasarela siniestrada en julio de 2024. Del mismo modo, quiere tomar declaración a los operarios que participaron en esa actuación, por lo que reclama a la adjudicataria que los identifique, así como al ingeniero industrial que firmó el proyecto de las pasarelas de 2014.
Por último, incorpora la prueba documental solicitada por la familia de una de las fallecidas y pide a Costas el expediente íntegro del contrato de mantenimiento y conservación de la costa de Cantabria de 2023, incluyendo de manera expresa las órdenes de trabajo, los presupuestos desglosados y las facturas abonadas a la empresa que ejecutó la reparación de la pasarela de El Bocal en julio de 2024.
