Las partes implicadas en el caso del Tenis de Laredo han llegado a un acuerdo que permitirá, por fin, cumplir la sentencia de derribo de los vuelos del edificio dictada en 1999 por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC). El Tribunal ha celebrado una vista en la que se ha abordado la propuesta planteada por los vecinos y, tras la negociación, Ayuntamiento, propietarios de la comunidad de Tenis y la demandante han cerrado un pacto que marcaría el final de un conflicto judicial y urbanístico que se alargaba desde finales de los años 90.
Si el TSJC recoge este acuerdo en su fallo, se dara por solventado un expediente que ha supuesto una larga incertidumbre tanto para los vecinos como para la propia administración local, con la perspectiva de que el edificio deje de estar en una situación de ilegalidad estructural que venía arrastrando desde hace décadas.
Cómo se reconstruye el edificio y la finca
La solución acordada pasa por que la comunidad de propietarios del edificio Tenis adquiera una parcela adicional que incremente la superficie de su finca, de forma que el inmueble pueda soportar una mayor ocupación sin vulnerar los límites fijados judicial y urbanísticamente. A partir de esa ampliación, un arquitecto redactará un proyecto que reduzca la ocupación global a un 35% de la superficie original más un 20% de la superficie de la nueva finca, y que, además, elimine la zona de los áticos que supere un gálibo de 45 grados medido desde los nueve metros de altura de la fachada, tomados desde la rasante natural original.
La parcela incorporada deberá cederse posteriormente al Ayuntamiento, que se encargará de tramitar un instrumento de planeamiento urbanístico que permita mantener de forma legal el edificio tal y como quede rediseñado. De esta forma, se apuesta por una solución técnica que, sin suponer un derribo total, adapta la estructura a la legalidad y a la realidad urbanística actual de la zona.
Coste para el Ayuntamiento y ahorro de casi 6 millones
El acuerdo que han aceptado las partes contempla que “en ningún caso los gastos de la ejecución superarán los 4,5 millones de euros”, incluidos los gastos asociados a realojos temporales y guardamuebles para los vecinos afectados. Ello supone un ahorro de casi 6 millones para las arcas municipales frente a la cifra de 11 millones que se barajaba inicialmente en los planteamientos anteriores, cuando se valoraba un desmonte más amplio o soluciones de mayor impacto urbanístico.
TRAGSA, la empresa pública de gestión del suelo, se encargaría de ejecutar las obras en un plazo aproximado de ocho meses, concretando así un calendario claro de intervención que, si se mantiene, dejaría resuelto el caso en algo menos de un año desde la firma definitiva del acuerdo.
Valoración del alcalde de Laredo
El alcalde de Laredo, Miguel González (PP), ha valorado el pacto como una “vía real y definitiva” para cerrar uno de los asuntos más arrastrados de la historia reciente del municipio. Ha destacado el “importante impacto económico positivo para las arcas municipales” que supone ahorrarse cerca de 6 millones en una operación de esta envergadura, pero también el beneficio organizativo e institucional, al permitir al Ayuntamiento dejar atrás la constante incertidumbre que ha generado el caso Tenis durante décadas.
González ha insistido en actuar “con cautela” hasta conocer el auto definitivo de la Sala del TSJC, pero ha calificado la situación como el cierre de “un capítulo negro” y el inicio de un periodo en el que el Consistorio podrá centrarse en otros asuntos estratégicos para Laredo, como la planificación urbanística, la gestión de servicios y la mejora de la calidad de vida de los vecinos. El regidor ha avanzado que informará de los detalles del acuerdo en una comisión prevista para el viernes, abriendo así un proceso de transparencia con los grupos municipales y la ciudadanía.
Señales de normalización para el barrio
Para el entorno más cercano al Tenis de Laredo, el acuerdo se percibe como una señal de normalización: un conflicto que había marcado el día a día del barrio, con la sombra de un posible derribo y la especulación sobre el futuro urbanístico, se encamina hacia una solución pactada y controlada. El mantenimiento de la edificación, con una configuración más ajustada a la legalidad y con un límite claro de gasto, permite a los residentes planificar su futuro con más seguridad y evita que el caso siga lastrando la imagen y el desarrollo de la zona.
No obstante, el Ayuntamiento mantiene la advertencia de que aún queda el último paso: la redacción definitiva del auto por parte del TSJC, con todos sus matices. Solo entonces se podrá activar al 100% el mecanismo de ejecución, pero, mientras tanto, la sensación en Laredo es que, después de casi tres décadas, el caso Tenis se ha acercado por fin a una resolución definitiva y menos costosa de lo que se temía en los peores escenarios.
