El modelo de política de vivienda del PP de Santander se encuentra en el centro de una fuerte polémica tras conocerse que 107 viviendas de protección oficial, concebidas como promoción de alquiler asequible, han sido vendidas a un fondo de inversión privado, en un escenario en el que vecinos de esa promoción reciben avisos de posible fin de contrato y desalojos encubiertos. La operación afecta a un bloque completo de viviendas que se zurció años atrás como ejemplo de “vivienda digna y accesible”, hoy reconvertido en un activo financiero gestionado por una sociedad ligada a capital especulativo.
Las 107 viviendas se integran en una actuación que inicialmente fue presentada por el Gobierno local como un hito de política de vivienda: un conjunto de alquiler asequible articulado dentro de la estrategia municipal de garaje de precio accesible y estabilidad para familias de renta media y baja. En su momento, el Ayuntamiento y la formación que lidera Gema Igual ensalzó el proyecto como un referente de cohesión social y derecho a la vivienda, destacando la implicación de entidades como la Obra Social “La Caixa” en la entrega de esas promociones.
Sin embargo, según ha denunciado el PSOE de Santander y varios colectivos de vecinos, en 2025 se produjo la venta del conjunto a una sociedad privada, operación sobre la que el equipo de Gobierno habría tenido conocimiento pero sin que se comunicara de forma transparente a los inquilinos. A partir de entonces, varios residentes aseguran haber recibido notificaciones informales en las que se les indica que, una vez finalice el plazo de sus contratos de alquiler, no se prevé su renovación y, en algunos casos, se les propone una compensación económica para abandonar la vivienda anticipadamente.
Desde el Grupo Socialista se subraya que el PP, que se presentó como garante de la estabilidad de este parque de alquiler asequible, habría sido incapaz de hacer efectiva la protección de las condiciones sociales de la promoción, desplazando su gestión hacia una lógica de rentabilidad financiera típica de fondos denominados “buitre”. El portavoz municipal de la oposición, Daniel Fernández, ha insistido en que la operación supone un salto cualitativo: de un proyecto declarado de vivienda social a un activo sujeto a la maximización de beneficios, con el riesgo de pérdida de hogar para decenas de familias santanderinas.
En paralelo, el PSOE ha registrado en el Ayuntamiento una batería de preguntas dirigidas a la alcaldesa en el próximo Pleno, en las que se pide información detallada sobre el proceso de venta, los plazos de ejecución de los contratos vigentes, el rol de la administración en la vigilancia de las condiciones de alquiler y las medidas previstas para garantizar la continuidad de los inquilinos en caso de cambio de propietario. Los socialistas exigen también un debate municipal sobre la política de vivienda, apuntando a que la actuación pone en cuestión el compromiso declarado del PP con la “vivienda para la gente, no para fondos buitre”.
El debate se enmarca, además, en un contexto más amplio de críticas a la política de suelo y vivienda del Partido Popular en el ámbito nacional, donde responsables de la formación reconocen que la construcción de vivienda depende de la intervención de fondos privados, aunque insisten en distinguir entre fondos de inversión legitimados y “fondos buitre” que se dedican a la compra agresiva de patrimonio inmobiliario pública o social para reorientarlo rápidamente a la especulación. En el caso de Santander, la controversia gira precisamente en torno a la línea difusa entre ese modelo de financiación y la pérdida tangible de control público sobre viviendas que se vendieron como protegidas.
El Ayuntamiento, en declaraciones de la alcaldesa, ha reiterado argumentos habituales de la gestión local de la vivienda, subrayando la construcción de cientos de nuevas VPO y la ampliación del parque de alquiler social, como las 281 viviendas de El Alisal o el conjunto de promociones de alquiler asequible en varios barrios, que habrían sido adjudicadas mediante sorteos públicos y con precios significativamente por debajo del mercado. No obstante, la venta de 107 unidades completas a una sociedad privada impone ahora una nueva lectura: la de unos bloques de vivienda que pueden quedar fuera de los mecanismos de control público y de la lógica social con la que se diseñaron.
Mientras el ejecutivo sostiene que la construcción de vivienda es la respuesta central al problema de la accesibilidad, los colectivos críticos señalan que la calidad de la política de vivienda no solo se mide en el número de promociones lanzadas, sino en la capacidad de garantizar que esas viviendas permanezcan efectivamente protegidas a lo largo del tiempo, sin que terminen en manos de fondos dispuestos a desalojar familias para reconfigurarlas como activos de alto rendimiento. En Santander, la promoción de 107 VPO se convierte así en un símbolo de la tensión entre discurso social y práctica de mercado: casas construidas para vecinos, que hoy peligran por una operación de venta a capital privado.
