Unas treinta personas llenaron el sábado pasado el local municipal de Barcenilla, en Piélagos, para asistir a la reunión informativa convocada por la Asamblea Abierta de Piélagos sobre la reciente autorización que permite adaptar el vertedero de Castañeda y acoger residuos con amianto. El colectivo vecinal, que lleva meses en pie de guerra, desgranó ante los asistentes toda la documentación recopilada hasta ahora sobre la resolución de modificación no sustancial de la Autorización Ambiental Integrada que afecta al complejo gestionado por Integraciones Ambientales de Cantabria, S.A. (IACAN). Durante las dos horas que duró el encuentro, se puso negro sobre blanco las principales inquietudes: posibles fallos en el trámite administrativo, opacidad total en el proceso, interrogantes sobre los pasos seguidos por las autoridades y, sobre todo, las deficiencias en las garantías para la salud de la población y la salvaguarda del entorno natural.
La sesión no se quedó en exposición unidireccional. Al final, se abrió el micrófono a los presentes, que aprovecharon para contar experiencias de resistencias previas al vertedero a lo largo del último año y denunciar la ausencia de respuestas claras por parte del Gobierno de Cantabria y los responsables autonómicos de medio ambiente. Ese rato de debate colectivo sirvió para poner sobre la mesa ideas concretas de cara al futuro: se habló de explorar la vía judicial como opción principal, organizar una marcha hasta el monte Carceña para visibilizar el problema, preparar carteles y pegatinas que informen puerta a puerta sobre el proyecto, y crear un grupo de trabajo fijo que pilote todas las iniciativas venideras. La Asamblea Abierta de Piélagos salió encantada con el nivel de las intervenciones, que ven como un revulsivo para mantener viva la movilización ciudadana en esta comunidad autónoma.
No rechazamos de plano la gestión de residuos peligrosos aquí, aclararon los portavoces durante la charla, pero exigimos seguridades absolutas en el almacenamiento, el transporte –que cruzaría varios municipios según el origen del amianto– y la futura retirada de los materiales. Insistieron en la ausencia de planos hidrogeológicos que descarten filtraciones de lixiviados, con el manantial de La Aguada –de donde bebe mucha gente– a poco más de un kilómetro del vertedero. También alertaron sobre la falta de datos concretos acerca del volumen de amianto que podría acumularse, temiendo convertirse en un foco de importación sin control que repita catástrofes como el derrumbe del vertedero de Zaldíbar, en Bizkaia, allá por 2020.
La asamblea no da el asunto por cerrado y ha llamado a un nuevo encuentro abierto el próximo 11 de febrero por la tarde, centrado en formar ese grupo de trabajo y avanzar en las propuestas del sábado. El sitio exacto se confirmará en breve, y quien quiera sumarse puede escribir al correo amiantopielagos@gmail.com para estar al tanto de los detalles. Desde el colectivo insisten en su malestar por una autorización que se ha dado sin molestarse en abrir un cauce previo de información pública ni participación ciudadana, y piden paralizar las obras hasta que haya un procedimiento transparente, con toda la documentación técnica a disposición y compromisos reales para blindar la salud pública y el medio ambiente de Cantabria.
