Izquierda Unida en Santander ha reclamado la dimisión inmediata del concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento, Daniel Portilla, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria haya ordenado suspender y anular el proceso selectivo de diez plazas de auxiliar administrativo al considerar caducadas las plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2019.
El edil de IU, Keruin Martínez, ha señalado directamente a la alcaldesa, Gema Igual, y ha calificado lo ocurrido como “un episodio gravísimo que no puede saldarse con explicaciones técnicas”, al entender que “debe tener consecuencias políticas tanto para el responsable directo del área como para la propia alcaldesa, por permitir una gestión negligente y reiterada del personal municipal que nos está llevando a una situación insostenible”.
Martínez sostiene que lo sucedido “no es un error puntual, sino la enésima muestra de una dinámica de caos y mala gestión en todo lo relacionado con el personal del Ayuntamiento”, y ve en esta sentencia “la última consecuencia de años de improvisación, retrasos y desprecio por la planificación”. Por ello, ha reclamado también el cese del director de Recursos Humanos, Juan Dañobeitia.
Según ha explicado, los sindicatos ya advirtieron en septiembre al responsable técnico de la “enorme inseguridad jurídica” que rodeaba la convocatoria. A pesar de ello, se decidió seguir adelante, “entre otras razones, para evitar devolver las tasas a los aspirantes”, lo que, a juicio de IU, ha terminado perjudicando “gravemente” a más de 1.300 personas inscritas cuando faltaba apenas una semana para la celebración del examen.
La formación subraya que la resolución judicial, apoyada en la doctrina reciente del Tribunal Supremo, evidencia la incapacidad del equipo de gobierno del PP para ejecutar correctamente las ofertas de empleo público. Martínez denuncia que se ha generado “inseguridad jurídica, frustración entre los aspirantes y un perjuicio directo al funcionamiento de los servicios públicos”.
En este contexto, recuerda que se trata solo del último episodio de una “larga lista de conflictos laborales y carencias” denunciadas por IU, los sindicatos y otros grupos de la oposición, que incluye incumplimientos de acuerdos y enfrentamientos de la alcaldesa con la Policía Local. “Cuando faltan policías en la calle, no se abonan las horas extra o los servicios sociales están desbordados por falta de personal, no hablamos de un problema técnico, sino político”, ha advertido.
Para el concejal, “si falla la gestión local, fallan todos los servicios públicos y, cuando ese fallo es estructural y se prolonga en el tiempo, alguien tiene que rendir cuentas”. IU ha anunciado que, en el marco del contacto permanente con la Junta de Personal, ya ha solicitado una reunión urgente para principios de la próxima semana con el objetivo de abordar tanto la anulación de los procesos selectivos como el conjunto de problemas laborales y organizativos que arrastra el Consistorio.
“El Ayuntamiento es la primera parada en la atención a la ciudadanía, no el último recurso cuando ya no queda otra cosa, que es como lo entiende el PP y quienes recortan lo público”, ha remarcado Martínez, que considera que en este caso “lo que está en juego no es solo una oposición anulada, sino la credibilidad del Ayuntamiento y la calidad de los servicios que se prestan a los vecinos y vecinas de Santander”.
