La tercera y última reunión de la mesa de negociación sobre la Oferta Pública de Empleo (OPE) del Cuerpo de Maestros para 2026 concluyó este lunes sin acuerdo entre la Consejería de Educación y las organizaciones sindicales. Pese al desacuerdo, el departamento que dirige Sergio Silva (PP) mantendrá las modificaciones anunciadas el pasado 12 de diciembre, centradas —según explica— en “garantizar criterios homogéneos de corrección y calificación” en las oposiciones.
El nuevo planteamiento implica reducir el número de tribunales, ampliar los plazos de corrección y conservar la nota solo a los aspirantes que obtuvieron un 5 o más en la fase de oposición de convocatorias anteriores. “Este cambio respeta los principios de igualdad, mérito y capacidad”, defendió Silva en una declaración difundida por el Gobierno cántabro. El consejero atribuyó el bloqueo de la negociación a la “actitud de exigencia” de la Junta de Personal Docente, que, según dijo, “ha dificultado cualquier posibilidad de acuerdo”.
Silva insistió en que los ajustes buscan “minimizar el impacto del proceso en el final de curso” y permitir que los tribunales trabajen “con más calma y atención” que en convocatorias anteriores. Recordó que la OPE de 2025 implicó a unos 500 docentes, por lo que “resulta necesario ajustar los tiempos y los recursos disponibles”.
Desde la Junta de Personal Docente, que agrupa a los principales sindicatos de enseñanza, lamentaron el cierre “sin conclusiones ni avances” de la mesa y rechazaron los “cambios unilaterales” planteados por el Ejecutivo autonómico. Según explicaron, la Administración ha confirmado que la convocatoria se publicará en enero y que el plazo de solicitudes estará abierto del 1 al 31 de marzo, aunque sin detallar aún aspectos clave como el modelo de examen o la composición de los tribunales.
Los representantes sindicales recordaron que la conservación de notas de anteriores oposiciones es una medida acordada de forma continuada desde 2003 con distintas administraciones, por lo que consideran “injustificada” la decisión de limitarla solo a quienes superaron la prueba con un 5 o más. “En lugar de mejorar el sistema, la Consejería lo empeora de forma repentina, alargando el proceso y dejando fuera a la mayoría de aspirantes”, criticaron.
En el mismo sentido, ANPE Cantabria calificó el encuentro de “fracaso absoluto” y denunció la “falta total de voluntad negociadora” por parte del Gobierno autonómico. El sindicato aseguró que el director general de Personal Docente, Alberto Hontañón, “se levantó unilateralmente de la mesa”, dando por finalizada la reunión de forma abrupta.
ANPE rechaza que Educación “imponga” su propuesta y defiende que la nota debe poder conservarse “como hasta ahora”, sugiriendo incluso un umbral de 2,5 puntos como alternativa, una opción que, según la organización, fue descartada sin ofrecer otras soluciones. También denunció la ausencia de información clara sobre puntos esenciales del proceso, como el número de tribunales o los criterios de corrección, lo que —advierten— genera “incertidumbre y desconfianza” entre el profesorado.
Tanto la Junta de Personal como ANPE han reclamado a la Consejería “respeto a la negociación colectiva, transparencia y seguridad jurídica”, al tiempo que no descartan convocar nuevas movilizaciones si el Gobierno autonómico mantiene su decisión de aplicar los cambios sin consenso sindical.
