El Tribunal de Cuentas ha decidido admitir a trámite la denuncia presentada por Podemos Cantabria en relación con el convenio firmado entre el Servicio Cántabro de Salud (SCS) y el Hospital Santa Clotilde, un acuerdo que implica un compromiso económico de hasta 320 millones de euros y se extiende entre 16 y 20 años. Ante esta denuncia, el órgano fiscalizador ha abierto una pieza de Acción Pública y remitido toda la documentación pertinente al Ministerio Fiscal para su estudio en profundidad. Esta actuación obliga al Gobierno de Cantabria a colaborar plenamente, facilitando toda la información requerida y justificando el elevado compromiso financiero público, cuyo respaldo en términos de eficiencia y transparencia ha sido cuestionado.
Desde Podemos Cantabria valoran la apertura de esta investigación por parte del Tribunal de Cuentas y del Consejo de Transparencia como un claro indicio de que existen elementos suficientes para encender las alarmas. Ambas instituciones coinciden en que hay motivos sólidos para revisar tanto la transparencia como la legalidad y el impacto económico del convenio sanitario. Para la formación morada, este tipo de acuerdos demandan una justificación clara y rigurosa, un análisis profundo de otras alternativas públicas y la aplicación de garantías que aseguren un buen uso del dinero público.
En este sentido, Podemos reclama al Gobierno que publique sin demora el expediente completo que sustenta el convenio, incluyendo la memoria económica, informes jurídicos y de intervención, estudios de necesidad, comparativas con opciones públicas y la explicación del recurso a un procedimiento excepcional que prescinde de licitación pública. La formación advierte que, si se detectan irregularidades o perjuicios sobre el patrimonio público, reclamarán que se depuren responsabilidades. “La ciudadanía tiene derecho a conocer en qué se invierte su dinero y bajo qué criterios se toman decisiones tan relevantes para el sistema sanitario público”, enfatizan desde Podemos.
El partido reitera su compromiso con la defensa de un sistema sanitario cien por cien público y la supervisión estricta de los recursos destinados a su sostenimiento. Anuncian que continuarán trabajando para proteger el Hospital Valdecilla y la sanidad cántabra en su conjunto frente a procesos de privatización que se desarrollen sin transparencia ni garantías. “Seremos vigilantes para que cada euro invertido en la salud pública se gestione con claridad, criterio técnico y responsabilidad hacia los ciudadanos”, concluyen desde Podemos Cantabria.
Este proceso abre un nuevo capítulo en la polémica sobre la externalización de servicios sanitarios en la comunidad autónoma, un debate donde la gestión pública y el control del gasto público se enfrentan a modelos que incluyen a entidades privadas, en este caso el Hospital Santa Clotilde, que ha sido cuestionado por su alcance financiero y duración a largo plazo sin una justificación sólida a la vista de la sociedad. Las movilizaciones para exigir claridad y el cumplimiento del derecho a la información se mantienen activas mientras las instituciones examinan el convenio.
