El Consejo de Gobierno de Cantabria ha autorizado este jueves a la Dirección General del Servicio Jurídico a interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Igualdad, ante la desestimación presunta del requerimiento previo presentado el pasado 30 de julio por el Ejecutivo autonómico. La reclamación busca recuperar los fondos estatales no distribuidos correspondientes al Plan Corresponsables.
El Gobierno cántabro basa su recurso en la reducción del crédito presupuestario asignado por el Gobierno central para dicho plan en 2025, que bajó de 190 millones de euros a 142,5 millones, tras implantar por primera vez un sistema de cofinanciación con las comunidades autónomas. En virtud de este nuevo modelo, Cantabria debe asumir el 25% de la financiación, lo que equivale a 722.485 euros. Según el Ejecutivo regional, esta modificación “vulnera el principio de financiación íntegra previamente establecido” y afecta a la equidad en el reparto de los recursos públicos.
Con esta acción, el Gobierno cántabro reafirma su compromiso con la defensa de los intereses autonómicos y con la igualdad en la compensación territorial, subrayando la importancia de garantizar que la comunidad reciba la totalidad de los fondos que le corresponden para seguir desarrollando políticas de conciliación y corresponsabilidad familiar.
Otros acuerdos del Consejo
El Ejecutivo también ha aprobado de forma definitiva la modificación puntual número 1 del Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) Actuación Integral Estratégica Productiva Castro Urdiales, segunda fase, promovido por la sociedad pública Suelo Industrial de Cantabria (SICAN). La modificación amplía el ámbito del polígono industrial de El Vallegón mediante la incorporación de una parcela adicional de 6.000 metros cuadrados que se destinará a la construcción de una subestación eléctrica.
Esta infraestructura, considerada “clave” por el Gobierno, garantizará un suministro eléctrico seguro y de calidad a los desarrollos industriales del entorno. La actuación, que no altera la edificabilidad ni la estructura general del PSIR, ha superado la evaluación ambiental estratégica ordinaria e incluye medidas preventivas y correctoras. El convenio de suministro eléctrico tiene un presupuesto de 756.551 euros e incrementa los espacios libres de uso público en 826,7 metros cuadrados.
Asimismo, el Consejo ha dado luz verde a la redacción, a través de Tragsatec, del proyecto básico y de ejecución del Centro de Educación Ambiental y Social (CEAS) Adolfo Suárez, en el Ecoparque de Trasmiera (Arnuero). Concebido como un espacio para la sensibilización ambiental, educativa y cultural, contará con un salón de actos, zonas expositivas, talleres y aulas temáticas relacionadas con el agua. Su presupuesto asciende a 155.136 euros y su ejecución se prevé en 12 meses.
También se ha aprobado la segunda fase del proyecto de rehabilitación y ampliación de la Casa Pozo, en San Vicente de la Barquera, que se convertirá en el futuro Centro de Interpretación del Parque Natural de Oyambre. La actuación, con un presupuesto de 445.563 euros, incluye obras de urbanización, mejora de infraestructuras y dotación de servicios técnicos y ambientales en una superficie de 12.328 metros cuadrados.
En el ámbito pesquero, el Ejecutivo ha encargado a Tragsatec la verificación y explotación de los datos de mercados pesqueros a través de la plataforma Trazapes, con el fin de garantizar la trazabilidad y control de los productos pesqueros desde su primera venta. El servicio, dotado con 55.991 euros, se desarrollará durante tres años.
Por otro lado, el Gobierno ha concedido una subvención nominativa de 78.000 euros a la Universidad de Cantabria para el Programa Cátedra de Seguridad, Planificación y Competitividad Industrial, y otra de 100.000 euros para el Programa Cátedra de Innovación.
También se ha autorizado un convenio con la Cámara de Comercio de Torrelavega, dotado con 165.276 euros, destinado a acciones formativas, de asesoramiento empresarial y diseño innovador para el comercio minorista.
En materia educativa, se ha aprobado prorrogar los convenios con las universidades para asegurar la continuidad de las prácticas curriculares del alumnado de titulaciones de formación docente. Además, se renueva el acuerdo con la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE Cantabria) para la formación permanente del profesorado, y se suscribe un nuevo convenio con la Fundación Galicia Obra Social (Afundación) para promover la educación financiera y actividades culturales dirigidas a estudiantes de centros públicos.
