Las obras de una nueva casa de apuestas en la calle Hermanos Calderón, entre los barrios de Peñacastillo y Nueva Montaña, han comenzado a principios de este mes y han desatado el rechazo unánime de familias, colectivos vecinales y la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Cantabria (FAMPA). Aunque el establecimiento cuenta con todos los permisos y guarda las distancias mínimas con los centros educativos fijadas en la Ley del Juego, padres y madres advierten de que la ubicación, en un “punto de paso habitual” de estudiantes, supone un riesgo añadidos para los jóvenes de la zona.
En un comunicado, FAMPA lamenta la “inacción” tanto del Gobierno de Cantabria como del Ayuntamiento de Santander, a quienes acusan de mirar “hacia otro lado” ante una sala de juego legal, pero rechazada socialmente desde que se conocieron los trámites de apertura el pasado año. Para la federación, la preocupación radica en que por la zona transitan a diario miles de alumnos de institutos y colegios cercanos, y considera especialmente sensible la ubicación elegida.
Las familias recuerdan que la Ley de Regulación del Juego de Cantabria contempla la posibilidad de revisar las distancias mínimas entre locales y centros educativos cuando la densidad de salones de juego supere cierto umbral. Según los cálculos de la federación, Santander ya supera esa media, con una sala por cada 4.973 habitantes, lejos del límite de un local por cada 7.000 marcado para ciudades con más de 150.000 habitantes. Tanto FAMPA como las asociaciones vecinales señalan que la ciudad debería replantear su modelo, priorizando alternativas de ocio saludable y promoviendo campañas de prevención de la ludopatía, medidas avaladas por una proposición no de ley aprobada en el Parlamento hace dos años pero, según denuncian, aún sin avances reales.
La polémica por este nuevo local se suma al debate sobre el incremento de casas de apuestas en la ciudad y la necesidad de endurecer las normativas para proteger a los colectivos más vulnerables, especialmente la juventud. Mientras tanto, vecinos y familias insisten en que el cumplimiento de la legalidad no basta cuando están en juego la salud pública y el bienestar social, y reclaman que el Ayuntamiento y el Ejecutivo autonómico exploren “con urgencia” alternativas y refuercen las políticas preventivas para evitar un impacto negativo entre los adolescentes de estos barrios.
