Podemos Cantabria ha denunciado públicamente que el Gobierno autonómico ha iniciado la caza de lobos sin esperar a que finalice el plazo legal de recurso de la resolución que establece el cupo de extracción de ejemplares, lo que, a juicio de la formación morada, podría suponer una vulneración del procedimiento administrativo y del derecho a la participación ciudadana.
Desde el partido aseguran que las extracciones se han llevado a cabo de forma “precipitada” y sin respetar los principios de legalidad, transparencia y participación. “La ciudadanía, organizaciones ecologistas y entidades interesadas no han tenido la oportunidad de presentar alegaciones antes de la ejecución de la medida”, ha denunciado la coordinadora autonómica de Podemos, Mercedes González.
“La caza de los primeros lobos se ha iniciado sin respetar los tiempos legales ni los mecanismos democráticos que garantizan la defensa de los intereses ambientales y sociales”, ha afirmado González, quien ha advertido de que esta actuación podría constituir “un delito de prevaricación administrativa”.
Podemos acusa al Ejecutivo cántabro de actuar con “opacidad” y de responder a “intereses ajenos al interés general”. Además, recuerda que el lobo ibérico continúa siendo una especie protegida, por lo que su gestión debería basarse en “criterios científicos, éticos y democráticos”.
La formación ha exigido la paralización inmediata de todas las actuaciones iniciadas y ha reclamado al Gobierno regional que “rectifique” y apueste por un modelo de gestión que “respete la ley, fomente la convivencia y garantice la participación ciudadana”.
El contexto legal y los datos de la Consejería
El pasado 2 de abril, tras la entrada en vigor de la Ley de Desperdicio Alimentario, el lobo ibérico salió del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). Ese mismo día, el Gobierno de Cantabria activó su plan de gestión del lobo, en vigor desde 2019, y publicó en el Boletín Oficial de Cantabria la orden que establece los cupos de extracción autorizados.
La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, ha defendido que las actuaciones se están desarrollando con “total transparencia, legalidad y rigor técnico y científico”. Según ha explicado, no se trata de una medida “simbólica ni propagandística”, sino de una respuesta a “una necesidad real”.
En lo que va de año, se han registrado en Cantabria más de 2.700 ataques de lobo, con más de 3.200 animales muertos, según datos del Ejecutivo. Actualmente, la región cuenta con al menos 23 manadas y una población superior a los 200 ejemplares, con presencia incluso en zonas de costa.
Susinos ha asegurado que las extracciones se están llevando a cabo con base técnica, y ha desmentido que las imágenes difundidas por la asociación ASCEL correspondan a Cantabria. Aunque no ha ofrecido cifras concretas, ha confirmado que las extracciones ya han comenzado y serán notificadas oficialmente al Ministerio conforme a la legislación vigente. “Nuestros ganaderos no pueden más. Estamos actuando con la ley en la mano”, ha afirmado la consejera.
