La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander ha aprobado esta semana la adjudicación de las obras de demolición de los inmuebles situados en los números 9 y 13 de la calle Alta. La actuación ha sido encargada a la empresa Palomera Obras y Proyectos SL por un importe de 252.890 euros y contará con un plazo de ejecución de tres meses.
El contrato incluye no solo el derribo de los edificios, sino también la dirección de obra, el estudio de seguridad y el plan de gestión de residuos. La intervención se llevará a cabo de forma subsidiaria después de que haya expirado el plazo legal otorgado a los propietarios para ejecutar la demolición por su cuenta.
El concejal de Fomento y Vivienda, Agustín Navarro, ha subrayado que esta actuación forma parte de la estrategia diseñada para la recuperación del Cabildo de Arriba, en colaboración con el Gobierno de Cantabria y a través de la empresa pública Gesvican. En ese espacio, ha recordado, está prevista la construcción de vivienda asequible, sumándose al número 11 de la misma calle, que ya fue demolido con anterioridad.
“El objetivo es claro: mejorar la calidad de vida de los vecinos en una zona históricamente degradada y donde muchas propiedades han quedado desatendidas”, ha señalado Navarro, quien también ha destacado el esfuerzo del Ayuntamiento por adquirir inmuebles con el único fin de facilitar su regeneración y evitar procesos especulativos. Según ha indicado, el Consistorio ha destinado más de medio millón de euros a la compra de viviendas en esta zona.
El proyecto prevé además estabilizar los edificios colindantes para garantizar la seguridad durante y tras el derribo. La actuación se enmarca en un plan más amplio que incluye mejoras en la movilidad y el entorno urbano del barrio, como el ascensor del Pasaje de Peña, la construcción de 66 viviendas protegidas en la Tabacalera, la reforma de la plaza Juan José Ruano o la instalación del Espacio Joven.
Sobre los edificios afectados, el edil ha recordado que ambos bloques fueron declarados en ruina económica y sus propietarios estaban obligados a acometer la demolición y acondicionar los solares. Sin embargo, y tras constatarse en una visita de inspección el pasado mes de mayo que no se habían iniciado los trabajos, el Ayuntamiento ha optado por intervenir amparado en la Ley 5/2022 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria.
