Activistas de Cantabria No Se Vende (CNSV) han llevado a cabo una protesta simbólica en las inmediaciones de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, junto a la Oficina de la Vivienda, ubicada entre la calle Alta y la rampa Sotileza. La movilización tenía como objetivo reclamar al Gobierno regional que asuma sus competencias en materia de vivienda y frene la especulación inmobiliaria, que, según denuncian, está expulsando a la población de sus barrios y pueblos.
Durante la protesta, los activistas colocaron carteles con el lema «Vivienda derecho, no negocio» para visibilizar lo que consideran un fracaso del «escudo social» del Gobierno central y la falta de voluntad política del Ejecutivo autonómico para intervenir en el mercado y garantizar el acceso a una vivienda digna. Según datos de la plataforma, en 2024 se produjeron 257 desahucios en Cantabria.
CNSV ha recordado el caso de María Antonia, una mujer de 77 años, y su hijo David, cuyo desahucio en Sancibrián fue paralizado hace dos semanas gracias a la intervención de vecinos y colectivos solidarios. La organización ha criticado que ni siquiera el requerimiento de la ONU, que solicitó la suspensión del desahucio hasta que se les asignara una vivienda social, haya servido para frenar la situación.
Desde la plataforma acusan al consejero de Fomento, Roberto Media, y a la presidenta del Gobierno, María José Sáenz de Buruaga, de priorizar los intereses del mercado inmobiliario en lugar de regular el acceso a la vivienda. «Reactivar el modelo urbanístico del pasado, que dejó el litoral masificado y generó indemnizaciones millonarias por urbanizaciones ilegales, solo agravará el problema», denuncian.
Cantabria, sin alquiler asequible
La plataforma también ha puesto el foco en la gran cantidad de viviendas vacías en la región, más de 50.000 según sus datos. Municipios como Laredo y Noja ejemplifican, a su juicio, el modelo insostenible en el que las viviendas de uso turístico esporádico desplazan a los residentes habituales.
Para ilustrar la dificultad de acceso a un alquiler asequible, CNSV ha realizado una búsqueda en el portal Idealista el pasado 30 de marzo, con un presupuesto de 600 euros mensuales. Los resultados muestran que en municipios como Castro Urdiales, Camargo, Piélagos, Laredo, Santoña, Los Corrales de Buelna o Santa Cruz de Bezana no había ni una sola vivienda disponible para todo el año. En Astillero y Reinosa, solo apareció una opción, mientras que en Torrelavega se registraron dos y en Santander, cuatro.
En respuesta a esta crisis habitacional, CNSV propone aumentar el parque público de viviendas, regular los precios del alquiler, recuperar y rehabilitar viviendas vacías, limitar los apartamentos turísticos y gravar la multipropiedad. «Cantabria tiene las competencias para hacerlo, pero hasta ahora ha antepuesto los intereses de unos pocos a garantizar un derecho fundamental», concluyen desde la plataforma.
