El Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid ha ratificado la situación de prisión preventiva, comunicada y sin fianza, para dos hombres detenidos en marzo de 2024 en Santander. Los detenidos están siendo investigados por contratar a un sicario con el objetivo de asesinar a un ex socio en proyectos inmobiliarios.
En un auto emitido a finales de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez ha denegado la solicitud de libertad provisional presentada por uno de los investigados. En su resolución, se destaca que «no se ha producido ninguna modificación de las circunstancias» que se tomaron en cuenta al acordar la prisión preventiva. Entre los motivos, se encuentran los «indicios racionales de criminalidad» y la necesidad de protección para la víctima, quien sufrió dos agresiones previas, además del riesgo de fuga de los investigados.
La resolución recalca que el tiempo transcurrido desde el ingreso en prisión «aún está lejos del cumplimiento de los plazos legales», por lo que no se considera que haya disminuido la necesidad de mantener la medida cautelar. Así, el Juzgado mantiene la prisión preventiva decretada el 22 de marzo por el Juzgado de Instrucción número 1 de Santander, que investiga delitos como tentativa de homicidio, lesiones graves y obstrucción a la justicia.
En el auto, el juez recuerda que la prisión preventiva es «el único remedio» para proteger a la víctima y evitar nuevos ataques. La víctima, ex socio de los detenidos, fue agredida en diciembre de 2023 con un martillo o puño americano, lo que le provocó graves lesiones, entre ellas, fracturas en el cráneo y la mandíbula, así como la pérdida de visión de un ojo y hemiplejia. Además, los agresores realizaron varios seguimientos a la víctima y a su familia.
Los detenidos, cuya documentación oficial refleja que son mujeres, estaban involucrados en un proyecto inmobiliario en Santander. Durante el desarrollo del proyecto, surgieron conflictos entre los inversores que terminaron en diversas causas judiciales. Además de agredir a su ex socio, los detenidos amenazaron a su abogada y a un juez de Santander para que interfirieran en los procedimientos judiciales en su contra. La amenaza hacia el magistrado derivó en su citación como testigo en el Juzgado de Instrucción 30 de Madrid.
La investigación fue iniciada por el Juzgado de Madrid y culminó en los arrestos en Santander, con la intervención de un grupo especializado de la Policía Nacional. Además de los dos detenidos en prisión, un tercer implicado quedó en libertad provisional, con obligación de comparecer semanalmente ante el Juzgado.
El caso sigue abierto, con las diligencias basadas en un atestado policial que documenta las agresiones y amenazas cometidas por los implicados.
