El año 2024 ha sido especialmente intenso en Cantabria, con los temas de educación y sanidad copando las portadas de los medios regionales. Sin embargo, la presidenta autonómica no ha hecho referencia a estas cuestiones en su discurso navideño, el cual pasó por alto las reivindicaciones de los trabajadores del sector sanitario y educativo. Los docentes, que han protagonizado un histórico encierro en la sede del Ejecutivo cántabro durante diez días, y los sanitarios, que han mantenido continuas protestas por sus condiciones laborales, no recibieron ningún reconocimiento por parte de la presidenta.
Privatización en Cantur
Uno de los temas que más revuelo causó este año fue la privatización de algunos servicios de Cantur. En noviembre, el Gobierno de Cantabria adjudicó a SNÖ Hotels la gestión del Hotel La Corza Blanca en Brañavieja y los servicios de restauración de la estación de esquí de Alto Campoo, una medida que generó el enfado de los trabajadores de Cantur. Estos se movilizaron en varias ocasiones, incluyendo manifestaciones frente al Escenario Santander y en el Parque Natural de Cabárceno, para protestar contra la privatización de estos servicios.
Protesta de los docentes
En el ámbito educativo, la lucha de los docentes ha sido constante. El 19 de noviembre, la Junta de Personal Docente de la enseñanza pública se encerró en la sede del Gobierno de Cantabria para exigir la adecuación retributiva. Este encierro fue el inicio de una serie de protestas que se trasladaron a diferentes centros educativos de la región. El sindicato STEC, mayoritario en Cantabria, denunció la actitud «autoritaria» de la Consejería de Educación, que no solo ha ignorado las demandas salariales, sino que ha intentado frenar las protestas mediante la emisión de circulares que criminalizan los encierros. A pesar de estas acciones, los docentes siguen firmes en su lucha por una mejora en su poder adquisitivo, esperando una respuesta tras 17 años de espera.
Conflictos en la sanidad
En el sector sanitario, uno de los temas más polémicos ha sido el transporte sanitario urgente. A principios de noviembre, la Federación UGT-Servicios Públicos interpuso un conflicto colectivo contra la nueva concesionaria del servicio, DIAVIDA, por el impago de la primera nómina salarial. La situación empeoró cuando DIAVIDA denunció un supuesto sabotaje en sus ambulancias, acusando a un “loco” de cortar los frenos. Esto desató una nueva protesta en Castro Urdiales para exigir una mejora en el transporte sanitario y en la sanidad pública en general. Además, el sindicato ATI ha denunciado la «caza de brujas» por parte de la Consejería de Salud contra los técnicos de enfermería, mencionando la amortización de plazas y la privatización de servicios como parte de una estrategia para reducir personal.
A pesar de la importancia de estas problemáticas, el discurso de la presidenta no hizo mención alguna a estas cuestiones, dejando a muchos cántabros con la sensación de que sus demandas no son escuchadas por el Gobierno regional.
