La Plataforma Salvar Torrelavega ha presentado una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) contra el Ayuntamiento de la ciudad, acusándolo de instalar y mantener en funcionamiento casi una treintena de cámaras de videovigilancia en la vía pública de manera irregular. Según la denuncia, estas cámaras carecen de la señalización requerida por la ley para advertir a los ciudadanos de su existencia y función.
Se trata de 28 cámaras destinadas al control y sanción de vehículos en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), junto con otras de tipo 360 grados que monitorean el tránsito de peatones, ciclistas, repartidores y demás usuarios en calles peatonales del centro urbano. La Plataforma sostiene que muchas de estas cámaras operan las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin cumplir con la obligación legal de informar sobre su uso mediante carteles visibles y adecuados.
Ángel Herreros, portavoz de la Plataforma, ha señalado que estas actuaciones vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos y no pueden justificarse ni siquiera por motivos de seguridad. Herreros subraya que las cámaras cuentan con tecnología de grabación nocturna mediante infrarrojos y sospecha que están captando imágenes en zonas peatonales de manera ilegal, lo que califica como una agresión a la privacidad de los vecinos.
La legislación vigente establece que las áreas vigiladas deben señalizarse correctamente, especificando la identidad del responsable y garantizando a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos en materia de protección de datos. Según Herreros, el Ayuntamiento ha ignorado estas obligaciones, colocando cámaras en postes que acumulan hasta tres dispositivos distintos sin informar a los ciudadanos sobre el tratamiento de las imágenes obtenidas.
Desde la Plataforma recuerdan que la AEPD ha sancionado previamente a otros ayuntamientos por incumplir estas normativas, haciendo hincapié en la importancia de respetar los derechos de los afectados mediante una correcta señalización. Herreros considera que esta actuación responde a una intención de implementar sanciones en la ZBE de manera arbitraria tras las fiestas navideñas.
