Un grupo de magistrados retirados del Tribunal Supremo, fiscales anticorrupción jubilados, expresidentes de la Audiencia Nacional, catedráticos de derecho, filósofos y periodistas ha presentado una querella criminal contra el rey emérito, don Juan Carlos I. La acción judicial lo acusa de haber cometido cinco delitos fiscales relacionados con sus declaraciones tributarias correspondientes a los ejercicios entre 2014 y 2018.
Regularizaciones fiscales bajo la lupa
Los querellantes cuestionan las dos regularizaciones fiscales realizadas por el monarca en 2020 y 2021, por un importe total de más de 5 millones de euros. Alegan que dichas regularizaciones no cumplen los requisitos legales para evitar consecuencias penales, ya que habrían sido efectuadas después de que Juan Carlos I fuese notificado en dos ocasiones sobre investigaciones abiertas relacionadas con hechos de relevancia tributaria.
José Antonio Martín Palín, magistrado emérito del Tribunal Supremo y uno de los querellantes, ha destacado que entre la primera notificación de la Agencia Tributaria y la primera regularización fiscal transcurrieron siete meses, lo que invalida el efecto despenalizador de estas acciones. “Para que la regularización surta sus efectos despenalizadores, tiene que producirse antes de la notificación de inicio de actuaciones”, afirman los querellantes en un comunicado.
Disconformidad con el dictamen del Ministerio Público
Los querellantes expresan su desacuerdo con el dictamen de la Fiscalía General del Estado, que en 2022 dio por válidas ambas regularizaciones fiscales del rey emérito. Subrayan que corresponde a los órganos judiciales determinar si estas regularizaciones son conformes a la ley.
“El Ministerio Fiscal no cierra la vía para exigir responsabilidades penales mediante el ejercicio de la acción popular”, reza el comunicado, que también recuerda que los tribunales pueden emitir un fallo independiente de las consideraciones de la Fiscalía.
Solicitudes de la querella
El grupo solicita que el rey emérito sea llamado a declarar desde su residencia en Abu Dabi, además de interrogar a una decena de personas vinculadas a la gestión de su fortuna en el extranjero. Entre ellas se encuentra Álvaro de Orleans, presidente de la Fundación Zagatka, señalada como una de las principales financiadoras de los gastos de Juan Carlos I.
Detalles de las regularizaciones
En diciembre de 2020, el monarca presentó una primera regularización fiscal por valor de 556.412 euros, a la que se sumaron recargos e intereses por un total de 121.977 euros. Esta autoliquidación respondía a donaciones realizadas por el empresario Allen Sanginés Krause.
La segunda regularización, en febrero de 2021, ascendió a 4.416.757 euros y cubría los gastos sufragados por la Fundación Zagatka tras la abdicación de Juan Carlos I en junio de 2014.
