La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO) ha denunciado que ha existido persecución sindical y una clara voluntad de acabar con quien busca la transparencia en la gestión en el despido de una trabajadora de la Asociación de Desarrollo Rural Saja Nansa que, además, desde el pasado mes de enero, ejercía como representante sindical. Por eso, tras acabar sin avenencia la conciliación en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales de Cantabria (ORECLA), han presentado una demanda que ya tiene fecha para ser juzgada el próximo mes de abril.
La entidad alegó insuficiencia de consignación presupuestaria, es decir, motivos económicos, para justificar el despido de la trabajadora en cuestión -que se hizo efectivo el pasado mes de septiembre- pero desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía defienden que el despido ha venido motivado por el interés de la representante sindical de intentar recabar información que acreditara supuestas irregularidades en la contratación del nuevo gerente que, hasta entonces, ejercía labores de técnico de forma interina por la excedencia forzosa por ocupación de alto cargo de su predecesor, que pidió su reingreso tras su cese el pasado verano.
La federación ha apuntado que, con el cambio de Gobierno el pasado mes de mayo, cambió también el presidente de la Asociación, cargo que comienza a desempeñar Francisco Javier Camino, también alcalde de Mazcuerras y presidente de la Federación de Municipios de Cantabria, al que la representante sindical le solicita distintas informaciones, entre ellas, cómo ha sido el proceso de selección para el puesto de gerencia de la asociación, que queda vacante tras el nombramiento como directora general de Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria de quién hasta ese momento ocupaba el cargo, Carmen Fernández del Río.
Un puesto dado a dedo sin opción de promoción interna
“Teníamos indicios y claras sospechas de que el puesto se había dado a dedo a Pedro González Gutiérrez, y que la designación se había hecho sin regirse por los principios de publicidad, mérito y capacidad que dicta la Orden MED/01/2023, de 17 de enero, por la que se convoca la selección de estrategias de desarrollo local participativo para el periodo de programación 2023/2027 y donde se estipulan los requisitos de los candidatos seleccionados para los grupos de acción local”, ha relatado Vania Merino, la trabajadora despedida y representante sindical por CCOO. Es más, a su juicio, “se ha perjudicado al resto de la plantilla que también podríamos aspirar a ocupar ese puesto por promoción interna, requisito que el elegido, por ejemplo, no tenía”.
Para Merino, “queríamos acceder a la documentación para ver si el proceso se había realizado con todas las garantías pero fue el principio del fin porque a los pocos días tenía la carta de despido encima de mi mesa aludiendo motivos económicos”.
Sin embargo, Carmelo Renedo, coordinador del sector autonómico de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Cantabria, cree que “detrás de todo esto están las sospechas de irregularidades en la gestión y de oscurantismo” y que el despido viene motivado por ello y no por las razones económicas que aluden.
Dinero suficiente de fondos europeos
Para la federación, la Asociación fue seleccionada para convertirse de nuevo en Grupo de Acción Local del Sector Pesquero para la zona occidental, lo que conllevaba una ayuda preparatoria de 50.000 euros para la elaboración de las estrategias de desarrollo local participativo en materia de pesca para el periodo 2021-2027, una ayuda adicional con la que se puede sufragar el salario de la técnico despedida que, precisamente, tenía esa función entre sus tareas.
“Sin embargo, para mí, que ya hacía ese trabajo anteriormente como técnica en la Comisión de Pesca, no hay dinero y me presentan la carta de despido el 11 de septiembre, sin tener en cuenta que el presupuesto es mayor que años anteriores, ya que hay que añadir la ayuda preparatoria, que puede justificarse imputando las nóminas de los trabajadores”, ha lamentado Vania Merino.
Por todo ello, Carmelo Renedo ha apuntado a “un contubernio en toda regla, es decir, una alianza y un complot político para mantener el poder en la asociación. Se explicaría así, por ejemplo, que en la junta directiva donde se acordó nombrar gerente a Pedro González, una junta directiva donde están, además de Francisco Javier Camino, Jesús Maestegui Gómez o Charo Urquiza, alcaldesa de San Vicente de la Barquera, entre otros, compareciera la anterior gerente siendo ya directora general de Desarrollo Rural, Carmen Fernández del Río”.
La Federación de Servicios a la Ciudadanía ve cuanto menos raro que la anterior gerente acudiera a esa cita a hacer una valoración del puesto y de las responsabilidades de su desempeño y a proponer a quien ahora es gerente para el cargo. “La ahora directora general de Desarrollo Rural ignoró los principios que rigen cualquier proceso de selección en la administración pública, una gran negligencia, a su juicio, al ser ella precisamente en su nuevo puesto, quién tiene que velar por el buen funcionamiento y la transparencia en la gestión de la Asociación de Desarrollo Rural Saja Nansa”, ha concluido Carmelo Renedo.
