El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que determina la capacidad ordinaria de los sistemas autonómicos de acogida y tutela de menores migrantes no acompañados. Según esta nueva regulación, Cantabria dispone de 194 plazas, lo que se corresponde con una ratio de 32,6 por cada 100.000 habitantes,una cifra que sitúa a la comunidad en la franja baja respecto a otros territorios con mayor densidad de población, pero que, en términos proporcionales, se ajusta a la media establecida para el conjunto del país. En total, el sistema estatal de acogida contará con 12.712 plazas distribuidas entre las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas.
El texto aprobado por el Ejecutivo recoge además que, cuando una comunidad autónoma o ciudad autónoma supere en más del triple su capacidad ordinaria, se considerará que atraviesa una situación de contingencia migratoria extraordinaria, lo que permitirá activar el protocolo de traslados hacia otras regiones. El objetivo es garantizar un reparto más equilibrado de los menores tutelados, así como evitar la saturación de los servicios de protección y de las infraestructuras residenciales.
Las comunidades con mayor número de plazas asignadas son Andalucía (2.827), Cataluña (2.650) y la Comunidad de Madrid (2.325), que concentran buena parte del esfuerzo de acogida. Por su parte, territorios como Aragón (441), Galicia (886), Castilla y León (783) o el País Vasco (731) presentan cifras intermedias. En el extremo opuesto, Ceuta y Melilla disponen de 27 y 28 plazas respectivamente, una capacidad que se ve con frecuencia sobrepasada por la presión migratoria que soportan.
La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha defendido en rueda de prensa que este decreto supone “un paso importantísimo para garantizar los derechos de la infancia migrante”. Según ha explicado, “se trata de niños y niñas que llegan solos a nuestro país y a los que tenemos la obligación de darles una acogida digna, solidaria y, si me permiten, también humanitaria”.
En la misma línea, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha calificado la medida como “un punto de inflexión en el desarrollo de un sistema de acogida vinculante, digno y solidario”. La titular de Infancia ha recordado que el real decreto da cumplimiento a la disposición adicional undécima incluida en la Ley de Extranjería tras la aprobación del Real Decreto-ley 2/2025, que introdujo medidas urgentes para salvaguardar el interés superior del menor en escenarios de contingencia.
Rego subrayó además que el decreto “abre la puerta a que, a partir de ahora, puedan iniciarse los traslados en los casos en que sea necesario, siempre bajo criterios objetivos y transparentes”. Según indicó, se trata de “una herramienta que llevábamos meses trabajando con las comunidades autónomas, a pesar de los intentos de bloqueo por parte de algunos territorios”.
Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, avanzó que el próximo martes, 2 de septiembre, se reunirá la comisión interministerial para coordinar los primeros traslados de menores migrantes desde territorios que actualmente se encuentran al límite de su capacidad, como Canarias. “Hoy se ha dado el último paso en la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado, las comunidades tendrán que acreditar que están en contingencia migratoria, y a partir de ahí se activará el mecanismo”, señaló.
Desde el Gobierno central se insiste en que este nuevo marco jurídico permitirá dar seguridad tanto a las comunidades autónomas como a los propios menores tutelados, evitando situaciones de colapso como las que se han producido en los últimos años en los archipiélagos y en determinados puntos de la frontera sur. Al mismo tiempo, se subraya que el sistema contribuirá a fortalecer la corresponsabilidad entre administraciones y a repartir de manera más justa el esfuerzo de acogida en todo el país.
