El Gobierno de Cantabria afirma no tener “ningún tipo de información” sobre el traslado de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo que, según ha anunciado el Ejecutivo central, comenzará este lunes, 11 de agosto, hacia distintas comunidades de la Península.
La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río (PP), ha lamentado que la única información que han recibido provenga de los medios de comunicación y ha acusado al Estado de aportar “cero datos” a las autonomías. Según ha recordado, el Tribunal Supremo instó en marzo al Gobierno de Pedro Sánchez a hacerse cargo de los 1.220 menores solicitantes de asilo que, a su juicio, estaban “desatendidos”. A raíz de ese requerimiento, y tras varios avisos judiciales, se ha puesto en marcha un plan de derivaciones que, denuncia, las comunidades desconocen por completo.
Gómez del Río ha criticado que el sistema de reparto, que hasta ahora se debatía en Conferencia Sectorial bajo criterios de colaboración y voluntariedad, “ha saltado por los aires” y se ha sustituido por “imposición, oscurantismo y falta de datos”. En este sentido, ha revelado que en julio se comunicó de manera unilateral que Cantabria acogería a 156 menores, sin precisar detalles sobre plazos, ubicación o recursos.
La titular de Inclusión Social ha reclamado al Ejecutivo central “planificación, coordinación y financiación” para atender a estos menores, que requieren asistencia educativa, sanitaria y de cobertura de sus necesidades básicas. También ha reprochado al Gobierno que actúe “como si tratara a los menores como mercancía”, ignorando sus circunstancias personales.
Según ha indicado, once comunidades autónomas han recurrido estas decisiones ante los tribunales, aunque la previsión es que los traslados comiencen “a finales del verano”. “Queremos protegerles, pero no de esta manera”, ha subrayado.
