El primer teniente de alcalde y portavoz del PRC en el Ayuntamiento de Liendo, Javier Villanueva, ha solicitado formalmente al alcalde, Juan Alberto Rozas (PP), que adopte medidas urgentes para frenar lo que califica como una «grave crisis legal y económica» en el consistorio. La petición llega tras conocer los informes del secretario-interventor y de la empresa externa ATYS 2.0, contratada para revisar la contabilidad de los ejercicios 2022, 2023 y 2024, que alertan de incumplimientos reiterados de la normativa, descontrol presupuestario y opacidad en la gestión municipal.
Villanueva ha registrado un escrito en el Ayuntamiento en el que insta a su socio de gobierno a asumir responsabilidades y ofrecer explicaciones. Según ha manifestado, el PRC no tenía conocimiento previo de estas «graves deficiencias jurídicas y contables», a pesar de compartir el Gobierno local con el PP desde el inicio de la legislatura, y ha mostrado su «total rechazo» a la forma de actuar del alcalde.
Entre los hechos que ponen en entredicho la legalidad de la gestión municipal se encuentran la no remisión al Tribunal de Cuentas de la documentación correspondiente al ejercicio 2023 —incluyendo la Cuenta General y el fichero XML de liquidación—, así como la imposibilidad de cerrar el ejercicio 2024 por la falta de documentación clave como nóminas, justificantes fiscales o extractos bancarios.
Además, los informes apuntan a una acumulación creciente de operaciones sin respaldo presupuestario, que suman ya más de 380.000 euros entre pagos pendientes y acreedores. Esta situación pone en cuestión no solo la transparencia, sino también la estabilidad financiera del Ayuntamiento.
Villanueva ha advertido de que el PRC no permitirá que el regidor popular «siga actuando al margen de la legalidad» y ha recordado que su formación suscribió el pacto de gobierno en base a «la lealtad institucional y el respeto al marco normativo que rige la Administración pública».
Por ello, ha exigido a Rozas que «rectifique de inmediato» y ha anunciado que los regionalistas extremarán el control dentro del Ejecutivo municipal para garantizar el cumplimiento de la ley y la defensa del interés general del municipio.
