El Gobierno de Cantabria ha aprobado una serie de inversiones clave en sanidad, inclusión social y gestión de residuos, con el objetivo de mejorar los servicios públicos y garantizar una mayor calidad de vida para la ciudadanía. Entre las medidas adoptadas, destaca una inversión de 1,8 millones de euros destinada a la creación de un banco de recursos para la teleasistencia avanzada, que permitirá mejorar la autonomía personal de personas dependientes mediante la implantación de tecnologías de telecuidado y supervisión remota. Esta iniciativa contempla la adquisición de dispositivos que facilitarán la monitorización en el hogar y fuera de él, la detección de situaciones de riesgo y emergencia y la telelocalización de personas con deterioro cognitivo.
En el ámbito sanitario, el Ejecutivo ha dado luz verde a varias inversiones para la mejora del equipamiento hospitalario. Se ha aprobado un contrato para la compra de motores y accesorios destinados a cirugía otorrinolaringológica en el Hospital Comarcal de Laredo, con un presupuesto de licitación de 101.664 euros. Además, se ha autorizado el suministro e instalación de equipamiento para el Servicio de Oncología Radioterápica en el Hospital Valdecilla, con una inversión de 259.908 euros, así como un acuerdo marco para el suministro centralizado de mallas quirúrgicas a los hospitales del Servicio Cántabro de Salud, por un importe total de 2,2 millones de euros.
Otra de las medidas destacadas es el convenio aprobado entre el Gobierno regional y la Federación de Municipios de Cantabria para mejorar la recogida y transporte de residuos municipales en los ayuntamientos que así lo soliciten. A través de este acuerdo, la Comunidad Autónoma asumirá la gestión de residuos voluminosos, biorresiduos, plásticos agrícolas, aceites vegetales usados y otros materiales, con el fin de optimizar el sistema de tratamiento y contribuir a una gestión más eficiente y sostenible. La empresa pública MARE será la encargada de prestar estos servicios, así como de desarrollar campañas de concienciación dirigidas a la población.
En el ámbito de la inclusión social y la infancia, el Consejo de Gobierno ha aprobado varias subvenciones para reforzar el apoyo a menores en situación de vulnerabilidad. Se ha concedido una ayuda de 140.500 euros a Aldeas Infantiles SOS Galicia para la ejecución del Programa de Acogimiento Familiar, cuyo objetivo es proporcionar un entorno seguro y estable para niños y adolescentes. Asimismo, se ha autorizado una subvención de 94.900 euros a la Fundación Amigó, destinada a la ejecución de medidas judiciales en medio abierto impuestas por los Juzgados de Menores en Torrelavega y su comarca. También se ha aprobado una ayuda de 65.000 euros a Cruz Roja Española para fomentar el éxito escolar de niños y adolescentes en riesgo de exclusión, mediante apoyo educativo y la cobertura de gastos relacionados con su escolarización.
En el ámbito universitario, el Gobierno ha aprobado el nombramiento de Concepción López y Julio Álvarez Rubio como vocales natos del Consejo Social de la Universidad de Cantabria, en representación de la institución académica.
