El Gobierno de Cantabria sigue dando pasos para sacar adelante la piscina de olas proyectada en Ribamontán al Monte, un movimiento que ha reavivado las críticas por el momento elegido y por las dudas que arrastra la iniciativa desde el principio. En plena presión sobre los recursos hídricos de la comunidad por el calor y el auge turístico, el Ejecutivo se dispone a emitir informes favorables sobre un proyecto privado que, según la documentación conocida, necesitará alrededor de 30.000 metros cúbicos de agua al año para funcionar con normalidad.
La paradoja no pasa desapercibida. Por un lado, distintos análisis publicados estos días han vuelto a poner el foco en el aumento del consumo de agua en Cantabria durante el verano, una tendencia que se explica tanto por la subida de temperaturas como por la mayor afluencia de visitantes. Por otro, el propio Gobierno avanza en la tramitación de una infraestructura que no solo requiere un volumen relevante de agua, sino que además se plantea sobre suelo rústico y necesita de un PSIR para poder ejecutarse, una figura urbanística excepcional que ha despertado ya recelos políticos y vecinales.
El proyecto, impulsado por una empresa privada en Villaverde de Pontones, se ha presentado como una gran oportunidad económica y turística para la zona. Sus promotores hablan de una inversión de 40 millones de euros, de más de 200.000 visitantes al año y de un espacio pensado para surf, alojamiento, restauración y otros usos complementarios. Sin embargo, las cifras y la dimensión de la propuesta no han disipado las dudas, sino que las han multiplicado, especialmente entre quienes cuestionan que se utilice el paraguas del interés regional para facilitar una actuación de este tipo.
En el plano hídrico, las críticas han cobrado todavía más fuerza después de que se conociera que la instalación prevé consumir cada año una cantidad de agua equivalente a unas diez piscinas olímpicas. En un municipio que ya sufre restricciones en verano y que arrastra problemas de abastecimiento en algunos núcleos, la decisión del Ejecutivo ha sido interpretada por sus detractores como una apuesta arriesgada y difícil de justificar. No parece menor que el propio debate sobre el agua en Cantabria esté marcado precisamente por advertencias sobre la presión creciente del turismo y por las tensiones en la red de suministro en distintos puntos de la comunidad.
A ello se suma el debate sobre el uso del suelo y el modelo de desarrollo que se impulsa desde el Gobierno. La piscina de olas se quiere ubicar en terrenos rústicos de Ribamontán al Monte, lo que obliga a recurrir a un PSIR para sacar adelante la operación. Esa vía, que en teoría se reserva para actuaciones de interés supramunicipal, ha provocado sospechas de trato favorable hacia un proyecto privado que todavía no ha demostrado, al menos de forma convincente para sus críticos, que su utilidad pública esté por encima de sus costes ambientales y territoriales.
Las voces contrarias al plan han insistido en que la Cantabria litoral ofrece ya suficientes espacios naturales para practicar surf sin necesidad de transformar suelo rústico y de introducir una instalación artificial de gran consumo. También han cuestionado la coherencia del Ejecutivo, que por un lado alerta sobre el agua como un recurso cada vez más escaso y, por otro, promueve una infraestructura cuya viabilidad depende de un importante aporte hídrico y energético. Ese contraste es precisamente el que ha acabado situando el proyecto en el centro de la polémica.
La propia tramitación urbanística tampoco ayuda a rebajar la controversia. El hecho de que el Gobierno vaya a emitir informes favorables en los próximos días refuerza la percepción de que la decisión política está tomada antes de que el debate público haya quedado resuelto. Y eso alimenta las sospechas sobre si el expediente responde realmente a una necesidad estratégica de la región o si, por el contrario, se está forzando el marco administrativo para sacar adelante una iniciativa privada de gran tamaño con argumentos de interés general todavía discutibles.
La discusión llega, además, en un contexto climático y turístico cada vez más sensible. Con el consumo de agua disparado en verano y con la preocupación por el abastecimiento creciendo en distintos municipios, la puesta en marcha de un proyecto de estas características aparece para muchos como una contradicción difícil de defender. En lugar de priorizar la mejora de las redes, la reducción de fugas o la garantía del suministro en los meses más duros, el Gobierno opta por respaldar una instalación que, incluso en su mejor escenario, necesitará un recurso escaso y sometido a una presión creciente.
En ese escenario, la piscina de olas de Ribamontán al Monte se ha convertido en mucho más que una propuesta deportiva o turística. Es ya un símbolo del choque entre dos modelos: el que defiende nuevas inversiones de gran formato como motor económico y el que ve en ellas un riesgo innecesario para el territorio y para el uso responsable del agua. Y, por ahora, el Ejecutivo cántabro ha decidido apostar por la primera vía, pese a que las dudas sobre su oportunidad siguen muy vivas.
